Las Redes de Poder que Controlan Chile

Investigaciones judiciales en casos relevantes muestran insospechadas conexiones. Los montajes mediáticos que pautean la política nacional. Piñera y su “solución” al tema de la violación de los derechos humanos. Por Francisco Herreros.

Existe un juego de moda, según el cual, en un proceso de no más de cinco pasos, se puede conectar cualquier persona del mundo con otra cualquiera, en cualquier lugar del mundo. De modo análogo, en los últimos días, el avance en diversas investigaciones judiciales de gran relevancia, permite atisbar las vinculaciones del espeso entramado de las redes de poder paralelo que sigue controlando al país tras bambalinas, como lo demuestra el hecho de que la mayor parte de los sucesos investigados no ocurrió en dictadura, sino en esta perpetua transición.

Los casos en cuestión, cuyas conexiones, en mucho menos de cinco pasos, resultan sorprendentes aún en un país que ha perdido la capacidad de asombro, son las comisiones recibidas por el ex-Comandante en Jefe de la FACH, Ramón Vega y otros altos oficiales de esa rama, en la adquisición de 25 aviones Mirage Elkan; la investigación por el asesinato del ex Presidente, Eduardo Frei Montalva, que parece haber entrado en una fase decisiva; la resolución del Ministro Alejandro Madrid, que aparte del caso Frei investiga el asesinato de Carmelo Soria, en el marco del cual sometió a proceso a cinco altos oficiales de Ejército, y el montaje de inteligencia que intentaba “solucionarle” el tema de las violaciones a los derechos humanos a un eventual gobierno de Piñera, en la que participó la diputada Karla Rubilar, una de sus operadoras políticas.

Co(i)misiones de alto vuelo

Sería indiferente partir por cualquiera, pero hagámoslo por el caso Vega, por sus connotaciones, las mismas que motivaron el voto de mayoría de Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en el sentido de mantener en prisión al ex general Vega, los generales (r) Jaime Estay y Florencio Dublé y el coronel (r) Luis Bolton, por estimar que “constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad”, dado el hecho que “existen presunciones graves para considerar que los encausados tuvieron participación culpable en calidad de autores y cómplices en el ilícito (…) situación particularmente grave si se tiene presente la naturaleza del delito que les imputa (malversación de caudales públicos)”.

En términos sucintos, al general Vega y sus secuaces el Ministro en Visita, Omar Astudillo les imputa haber recibido coimas por 15 millones de dólares en comisiones en la operación de compra de 25 aviones Mirage Elkan al Gobierno de Bélgica, en 1994, la mayor parte de los cuales ya está fuera de servicio.

La operación se realizó mediante el decreto supremo Nº 7ª, del 01 de marzo de 1994, durante el Gobierno de Patricio Aylwin, con la firma del su Ministro de Defensa, Patricio Rojas. Dicho decreto autorizó a Vega efectuar la inversión correspondiente y suscribir contratos con la Fuerza Aérea de Bélgica, con la Sociedad Anónima de Construcciones Aeronáuticas y con el Generale Bank de Bélgica, tras lo cual, en junio de 1994, se suscribió en Bruselas el “Contrato de Compraventa de Sistema de Armas MIRSIP PLUS y Suministros complementarios”.

Tráfico de armamento

En la primera de estas sorprendentes conexiones, también la firma de Patricio Rojas, y la del subsecretario de Guerra, Mario Fernández, llevaba el decreto que autorizó la exportación de 36 bultos caratulados como “ayuda humanitaria” a Sri Lanka, en circunstancias de que en realidad era una exportación encubierta de armas provenientes de FAMAE a Croacia, en circunstancias de que por esa fecha, noviembre de 1991, la ONU había decretado embargo de armamento a los países contendientes del conflicto de los Balcanes.

Por ese delito, el Ministro en Visita, Alejandro Solís, condenó a cinco años y un día, en calidad de autores, al ex director de FAMAE, general en retiro del Ejército Guillermo Letelier Skinner, y al general (r) de la FACh, Vicente Rodríguez Bustos. A tres años y un día fueron condenados los oficiales (r) David Manuel Fuenzalida González, Carlos Sepúlveda Cataldo Patricio Ernesto Pérez Villagrán, Pedro Araya Hermosilla y Ramón Vicente Pérez Orellana, éste último con otros 541 días por falsificación de instrumento público. Antonio Sahb Salomón, gerente de la empresa que gestionó el embarque aéreo de 36 bultos, recibió 600 días, y 541 días el agente de aduanas, Sergio Polmann y la ex secretaria del Centro de Negocios de FAMAE, Gloria Molina.

La huella de Pinochet

En otro sorprendente nexo, la investigación que conocieron los ministros Sergio Muñoz y Carlos Cerda, por el enriquecimiento ilícito de la familia Pinochet, apuntaba firmemente en la dirección del tráfico de armas. Si eso no es hoy una verdad judicialmente probada, obedece a la maraña de recursos procesales presentados por la defensa de los Pinochet, que en los hechos dejó fuera al Ministro Cerda, lo cual no hubiera prosperado sin el concurso aquiescente de los tribunales superiores. Sin embargo, en los hechos, el capitán retirado Pedro Araya Hermosilla, condenado por el contrabando de armas a Croacia, reveló que fue el propio Pinochet quién dispuso que el Ejército las entregara para su venta.

Según la confesión judicial de Araya, en noviembre de 1991 se celebró un cónclave del Ejército, al que asistieron seis generales y algunos oficiales, entre ellos Araya, en el que se definieron las unidades militares que darían el armamento, que fue entregado al francés Yves Marziale. El militar también precisó que antes de esa reunión se celebró otra entre Pinochet y generales de la Guarnición de Santiago, en la que se trató el asunto. La operación no exigía material nuevo, por lo que Araya señaló que Pinochet, entonces Comandante enJefe del Ejército, dispuso que la institución entregara las armas a FAMAE para la venta. Añadió que Marziale pagó la primera cuota con un vale por 203 mil dólares del Banco de Chile a nombre de FAMAE, que después fue depositado en una cuenta del mismo banco en Nueva York. El Banco de Chile fue investigado en EE.UU. por las cuentas secretas de Pinochet en el Banco Riggs, entre otros bancos. A fines de noviembre, el director de FAMAE, general Guillermo Letelier, ordenó la retirada del armamento de las distintas unidades elegidas para el primer envío. La venta total tenía un valor aproximado de seis millones de dólares. Sin embargo, no es la única coincidencia.

Nombres como los de Carlos Honzik, Berthier Investment Inc., Intercountry Holding y el Banco Coutts and Co, aparecen profusamente mencionados tanto en la investigación de los jueces Muñoz y Cerda por el enriquecimiento ilícito de la familia Pinochet, como en la que lleva adelante el Ministro Omar Astudillo, por el caso de las coimas en la compra de los aviones Mirage.

Pero tampoco es todo.

Asesinatos por encargo

El ex capitán Pedro Araya Hermosilla no formuló estas declaraciones ante el Ministro Alejandro Solís, sino ante el Ministro Claudio Pavez, que investiga el asesinato del coronel Gerardo Huber Olivares.

Dicho asesinato acaeció en febrero de 1992, en directa relación con el tráfico de armas a Croacia, debido a que el coronel Huber le comunicó a un amigo que se proponía concurrir a la justicia, para deponer lo que sabía de esa operación.

Por ese crimen, el Ministro Pavez tiene sometidos a proceso al general Eugenio Covarrubias, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE); al General Víctor Lizárraga, ex subjefe de la DINE; al general Carlos Krumm, ex jefe de Logística de la DINE y ex Director de FAMAE; al brigadier Manuel Provis, ex jefe del Batallón de Inteligencia de la DINE y al coronel Julio Muñoz, el amigo de la víctima a quién le confesó que pretendía declarar lo que sabía, encausado como cómplice de asociación ilícita.

A su turno oficiales de la DINE, organismo que según han demostrado diversas investigaciones judiciales, suministró el personal que perpetró las más atroces violaciones de los derechos humanos durante la dictadura y participó en las operaciones de encubrimiento de graves delitos de peculado en que aparecen implicados Pinochet y otros altos oficiales de Ejército, están implicados en el asesinato del químico de la DINA, Eugenio Berríos, crimen que buscaba impedir que éste declarara en estrados judiciales lo que sabía de los asesinatos de Orlando Letelier y del ex Presidente, Eduardo Frei Montalvo, entre otros, al último de los cuales también se llega por otra asombrosa conexión emanada del caso Vega.

Conexión con caso Frei

Según una información publicada por el diario La Tercera, en la investigación del Ministro Astudillo estaría acreditado que tres de los quince millones de dólares de comisiones por la compra de los aviones Mirage aparecen depositados en la cuenta corriente del ingeniero eléctrico y ex-Gerente de Televisión Nacional, Bartolomé Dezerega.

Resulta que, según la misma información periodística, Dezerega es amigo personal del Ministro de Defensa a la fecha de la compra de los aviones, Patricio Rojas, y que un hijo suyo, Alejandro Dezerega, era asesor de Rojas.

Y también resulta que la actuación de Rojas en el asesinato de Eduardo Frei es, por decir lo menos, controvertida. Por de pronto, fue el nexo entre la familia y el equipo médico, en el que figuraba su pariente, Patricio Silva Garín, quién a la fecha de los hechos, enero-febrero de 1982, se desempeñaba en el hospital militar. Es también quien ha sostenido invariablemente la tesis de las causas naturales en la muerte de Frei: “las complicaciones postoperatorias, la infección, la septicemia y el shock multisistémico que sufrió el Presidente Frei Montalva fueron la causa de su muerte”.

Eso, al parecer, está fehacientemente refutado en la etapa actual de la investigación, que conoce el Ministro Alejandro Madrid. Según el abogado de la familia, Álvaro Varela, “estamos en el camino en que es necesario determinar las responsabilidades, porque los antecedentes del proceso muestran que hubo envenenamiento en la persona de Eduardo Frei Montalva”.

En declaraciones a radio Cooperativa, Varela dijo que la etapa previa al crimen, que se inicia con la vigilancia a Frei Montalva a partir de 1980, por su actuación en la campaña contra el plebiscito para aprobar la Constitución y su discurso en el Teatro Caupolicán, “tiene las mismas características de aquella que se realizó con respecto a Tucapel Jiménez”, quien fuera asesinado en 1982, también por un comando de la DINE, integrado, entre otros, por Carlos herrera Jiménez, implicado en los asesinatos de Mario Fernández López, Juan Alegría Mundaca y Eugenio Berríos, entre otros.

Varela agregó que “toda esta operación está centrada en la Dirección de Inteligencia del Ejército, y hay algunos antecedentes que nos permiten vincularlo a Eugenio Berríos”.

El nexo con Berríos, que como se sabe, también fue asesinado por funcionarios de la DINE, es de suma importancia en este caso, pues fue quién habría cultivado la bacteria Clostridium botulinum con la cual se habría ultimado al ex Presidente. El nexo continúa con el hecho de que a lo menos tres médicos vinculados a la DINA, Pedro Valdivia Soto, Rodrigo Vélez Fuenzalida y Enzo Fujide, se desempeñaban en la Clínica Santa María en el período en el que Frei estuvo allí. El propio Silva Garín declaró ante el Ministro Madrid que conformó su equipo con los doctores Eduardo Weinstein, también vinculado a la DINA, con quien también trabajaba en el Hospital Militar, y el doctor Rodrigo Vélez.

La torva marca de la DINE

Todas estas incógnitas serán prontamente develadas, pues según el abogado Varela, “los sospechosos están claramente determinados” y espera que dentro del primer semestre de este año se conozcan los primeros resultados de la investigación del Ministro Madrid.

Entonces, también es posible que alcancen estado de verdad judicial aquellos antecedentes que apuntan a la autoría de funcionarios de la DINA y de la DINE en una serie de asesinatos vinculados de una u otra manera al caso Frei y al uso de sustancias neurotóxicas creadas por el químico Eugenio Berríos y el Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército, dependiente de la DINE, entre ellas, el gas sarín y la bacteria Clostridium botulinum.

La lista es larga: el asesinato del diplomático español y militante del Partido Comunista de Chile, Carmelo Soria Espinoza, en julio de 1976; el asesinato del cabo de Ejército y funcionario de la DINA, Manuel Leyton Robles, en marzo de 1977; el conservador de Bienes Raíces, Renato León Zenteno, también en 1977; Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Pacheco Díaz, reos comunes de la cárcel públicas, que murieron intoxicados por botulismo en una operación que apuntaba a presos políticos del MIR, en diciembre de 1981, y el del propio Eugenio Berríos, asesinado en Uruguay en enero de 1993.

No son todos, pues en otros procesos aparecen casos como los de dos peruanos, identificados como “Juan Pablo y Rafael” por un agente de la DINA que confesó ante el Ministro Víctor Montiglio, asesinados en el contexto del Proyecto Andrea, asignado a Michael Townley y Eugenio Berríos.

Para continuar con los nexos, uno de los procesados por el asesinato de Berríos es el ex jefe de la DINE, general Eugenio Covarrubias, procesado también por su participación en el asesinato del coronel Gerardo Huber Olivares. Pues bien, el pasado 19 de enero, el Ministro en Visita, Alejandro Madrid lo sometió a proceso por asociación ilícita, falsificación de instrumento público e infracción al artículo 212 del Código Penal, en la causa por el asesinato de Carmelo Soria, junto a los coroneles ® Jaime Enrique Lepe Orellana y Rene Patricio Quilhot Palma, y los oficiales Leonardo Quilodrán Burgos y Fernán Ruy González Fernández.

Un caso escatológico

Pero tampoco es la única operación de inteligencia política en que se ha visto envuelto, sea como víctima, autor mediato o sospechosos de serlo, el acaudalado empresario que sueña con convertirse en Gerente de la República.

Otro bullado asunto en el cual, en virtud de sus seculares e inveteradas disputas, la derecha se disparó en un pie, fue el denominado caso Spiniak, donde también tuvo estelar participación una de las operadoras políticas de Piñera, la ex diputada Pía Guzmán.

En términos sucintos, y a través de una trama muchas de cuyas aristas permanecen en las sombras, una muchacha “flaite”, un sacerdote y una diputada escandalizaron al país al asegurar que conspicuos políticos, entre ellos miembros de la UDI, participaban asiduamente en las orgías de sexo y droga que el empresario Claudio Spiniak organizaba con menores de la calle.

También para abreviar el cuento, el episodio, que presenta notables trazas de representar un complot iniciado desde los centros del poder real, terminó con la carrera política de Pía Guzmán, el prestigio de la UDI y la salud mental de su entonces Presidente, Pablo Longueira, que por entonces andaba sosteniendo esotéricos y arrebatados diálogos en el más allá con su mentor, el ex senador Jaime Guzmán.

La UDI nunca le perdonó a Piñera su apoyo inicial a la versión de Pía Guzmán, con la afirmación de que le constaba que ésta no mentía. Pero después, cuando Gema Bueno se retractó y no hubo forma de sostener las imputaciones, consideró prudente, recordando el proverbio árabe, declarar austera y filosóficamente, en febrero de 2003: “Los temas judiciales dejémoslos en la justicia”.

Delación no compensada

Tampoco sería la última operación en la que aparece involucrado Sebastián Piñera. Según una crónica del diario La Nación, del pasado 19 de enero, “cinco años después, un grupo de destacados dirigentes de Renovación Nacional se metió en una auténtica operación de inteligencia en un hecho inédito en la historia política reciente, de la mano de altos funcionarios y agentes militares o policiales de Colombia. El año pasado los senadores de RN Andrés Allamand y Alberto Espina, junto al presidenciable Sebastián Piñera, recibieron de manos de altos funcionarios colombianos -que podrían ser agentes de seguridad, oficiales de Inteligencia o personeros de ese país enlazados con aparatos de seguridad- uno o varios correos electrónicos obtenidos del computador de un jefe guerrillero abatido, donde figuraban nombres de chilenos que habrían tenido vínculos con las FARC. Los dirigentes de RN habrían entregado el informe extranjero a autoridades chilenas. Lo que está confirmado es que se lo pasaron a un diario y generaron un hecho político que afectó a organizaciones de izquierda y mapuches y que, de paso, significó la salida de un periodista que trabajaba en el equipo de La Moneda, el que fue acusado por la Secretaria General de RN, Lily Pérez, de ser ayudista de las FARC”.

Con el tiempo, la acusación se diluyó conforme nuevos antecedentes probaron que dichos documentos carecen del más elemental valor judicial.

Amo de sus silencios, Piñera prefirió hacer mutis por el foro.

Fuera las caretas

Pero todavía faltaba la guinda de la torta, representada para los efectos por la operación política y mediática impulsada por diversos políticos de derecha, entre ellos el propio Piñera, la senadora Evelyn Matthei y los diputados Alberto Cardemil y Karla Rubilar, que apuntaba a relativizar el tema de los detenidos desaparecidos, mediante la denuncia, profusamente amplificada por los medios de comunicación del sistema, en el sentido de que habría un número considerable de falsos detenidos desaparecidos, o de “reaparecidos”, como también les llamaron; montaje que inevitablemente recuerda las operaciones mediáticas que intentaron encubrir y desviar la atención pública sobre el caso de los 119 desaparecidos, también conocido como Operación Colombo, y la desaparición de la dirección del Partido Comunista, en 1976.

Igual como los titulares esculpidos con letras de plomo en los anales de la infamia, al estilo de “Exterminan Como Ratas a Miristas” (La Segunda, 24 de julio de 1975) o “Desaparecidos Salieron Furtivamente del País”, (La Tercera, 8 de febrero de 1977), Piñera declaró lo siguiente a radio ADN, el 29 de de diciembre pasado: “No son tres sino que hay identificados ocho casos de falsos desaparecidos. (…) Karla Rubilar ha trabajado en esto con extraordinaria seriedad y efectivamente tiene antecedentes de ocho casos irregulares. Pedimos que el Gobierno en lugar de descalificar, investigue, porque mientras antes esclarezcamos los casos falsos mayor claridad va a haber respecto de los casos verdaderos”.

La mano del Mamo

Cuando se comprobó que no sólo no había ocho casos de falsos detenidos desaparecidos; que los antecedentes de tres de ellos fueron extraídos del libro de Manuel Contreras La Verdad Histórica, un verdadero manual de la estolidez; que los antecedentes le fueron suministrados a la diputada Rubilar por un oscuro procurador del equipo jurídico de Contreras, y que en virtud de ello, dicha diputada fue defenestrada de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, nuevamente Piñera creyó oportuno tomar prudente distancia, el 13 de enero pasado: “Es un error que yo lamento, porque ha causado mucho daño. Estoy seguro de que actuó de buena fe”.

Piñera y los derechos humanos

Con abstracción del origen de la maniobra, que muy probablemente debe estar cercano al entorno de Piñera, la principal lección que se saca de ella es que la derecha no ha aprendido una sola palabra de la lección histórica dejada por su autoría mediata en la violación de los derechos humanos.

Una vez más queda claro que no está dispuesta a reconocerlas.

Una vez más queda claro que no se arrepiente de ellas.

Una vez más queda claro que no se le pasa ni por las mientes pedir perdón.

Peor aún. Como la derecha no gana elecciones y llegó al poder con la dictadura en virtud de una enorme conspiración financiada por una potencia extranjera, dentro de la cual los montajes mediáticos tuvieron una principalísima importancia, cree que puede “solucionar” la deuda pendiente en materia de violación de los derechos humanos, mediante el recurso de los montajes mediáticos, de los cuales la escena de la diputada Rubilar entrando a La Moneda para entregar falsos antecedentes empujando el coche de su guagua, es una confesión de partes que releva de pruebas. Una derecha que atropella así hasta las más elementales normas de decencia y convivencia civilizada, no tiene derecho a volver al poder.

En rigor, al poder formal, porque del poder real se encargan sus ramificaciones fácticas, tal como permiten atisbar las investigaciones judiciales reseñadas, sobre crímenes enfilados encubrir graves casos de peculado y enriquecimiento ilícito de cúpulas militares, en las barbas mismas de los timoratos gobiernos concertacionistas.

Triste colofón

Con astucia no exenta de cinismo, más de algún defensor del status quo podría argumentar que esas mismas investigaciones demuestran que las instituciones funcionan, cuando en realidad no hacen sino demostrar que lo que realmente funciona en este país son esas invisibles logias de poder.

La noción de redes de poder no remite, necesariamente, a la imagen de cofradías secretas, comandadas por una suerte de omnipotente Estado Mayor.

Con frecuencia, se trata de encadenamientos de acciones de individuos cercanos a posiciones de poder, que obran como lo hacen guiados simplemente por ambición personal e intereses de clase, en el contexto de un sistema político extraordinariamente permisivo, caracterizado por una refinada hipocresía. Pero, es cierto, al menos hay jueces dispuestos a investigarlas.

El problema de montajes mediáticos como el que impulsó la derecha a través de la diputada Rubilar, consiste en que pretende negarle justicia a casos mucho más graves acaecidos durante la dictadura, toda vez que se trataba de víctimas inocentes y desarmadas, a las cuales el único cargo que podían imputarle sus asesinos, era pertenecer a partidos políticos que participaron en la dramática odisea del Gobierno de la Unidad Popular, cuya mayor culpa, desde el punto de vista de los generales civiles que digitaron el golpe de Estado que terminó con él, fue impulsar el proyecto de cambio político y social más legítimo y democrático de nuestra historia.

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