La renuncia al Ejército del General Gonzalo Santelices, implicado en el caso de los civiles asesinados en Antofagasta en 1973, empieza a abrir el telón de la obra, más que a cerrarlo.
Invocar la verdad es peligroso. Como muchas otras veces, en el caso de la participación del entonces subteniente Santelices en los hechos previos y posteriores al asesinato de civiles indefensos por efectivos de la Caravana de la Muerte, que operó en octubre de 1973, comandada por el general Arellano, por órdenes expresas de Pinochet, la verdad es una moneda de varias caras.
Las dudas son numerosas: ¿las autoridades civiles y militares conocían los antecedentes antes de tramitar el ascenso de Santelices?, ¿es posible comparar la actuación de civiles, que se quiebran en la tortura y delatan a sus compañeros, con la conducta del ex oficial?, ¿hasta donde llegan los límites éticos y jurídicos de la obediencia militar?, ¿es legítimo ocultar la verdad durante 35 años?
Parece, por lo menos discutible, sostener que no ha “participado” en los hechos y se ha limitado a “obedecer”, quién saca de noche a los presos de la Cárcel, los lleva al desierto, presencia su sanguinaria ejecución, recoge los cadáveres y los lleva a la morgue, todo ello a los 21 años de edad y en pleno uso de la facultad de discernir.
Todo esto se ve agravado por la actitud desafiante de Santelices y la amplia cobertura y entrevistas de la prensa derechista, en apoyo al ex general. Pretende convertirse en víctima más que victimario, se compara con Sócrates y, llega al extremo de cuestionar, sin nombrarla, a la propia Presidenta Bachelet, en el ejercicio de su cargo de Presidenta, por su pasado político después del 73.
Por otro lado, las declaraciones del Secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Cristián Contreras, que en parte justifica a Santelices, le han puesto más fuego a la hoguera y han provocado un intenso debate en personeros religiosos y en las organizaciones de derechos Humanos.
Posición evangélica
Todo esto lleva al pastor de la iglesia cristiana, Francisco Saavedra, al teólogo Jaime Escobar a la Secretaria General de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira amanifestar su preocupación por la crisis de valores que está enfrentando el Ejército de Chile en casos relacionados a los temas de Derechos Humanos.
El Pastor Francisco Saavedra plantea:
“Es necesario saber si el Ejército de Chile, y nos dice el señor Santelices que es así, es una institución que obliga a sus miembros a disparar en contra de un ciudadano desarmado, inocente, en contra de una mujer embarazada y matarla porque les dan una orden.
¿Esto es el Ejército chileno? Son capaces de asesinar a una persona con solo recibir una orden y ni siquiera pueden pensar si esto está bien o mal. De ser así, sería una macabra institución, que me obliga sin cuestionarme a asesinar a alguien. Me pregunto si esa es la doctrina del Ejército. De ser así, estos caballeros estarían castrados mentalmente, ya que asesinan a un ser humano, sin ni siquiera pensarlo, sólo porque acatan una orden”.
Para Francisco Saavedra, la situación se torna más grave aún si se recuerda que hace un tiempo la propia institución armada mandó a todos los oficiales del Ejército que pusieran los antecedentes de los detenidos desaparecidos en la Mesa de Diálogo. “No escucharon esa orden”, afirma Saavedra, quién se muestra sorprendido, por las declaraciones del ex titular de defensa, Jaime Ravinet, quien dijo conocer de los antecedentes del General Santelices el año 2002.
A ese respecto Saavedra sentencia que “estos personeros no saben que la sangre de los miles de asesinados aún claman al Señor esperando justicia y qué en ese caso habría un silencio cómplice del propio gobierno.”
Finalmente, Francisco Saavedra hace un llamado al gobierno, a los militares y al mundo cristiano y religioso en general a no equivocarse cuando aparecen voces que satanizan a los movimientos sociales, a las manifestaciones populares y sobre manera cuando las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos convocan a sus actos y se les señala con el dedo como”gente molestosa, revoltosa y que son gente que anda puro metiendo bulla. No, eso no es así, la sangre de los detenidos desaparecidos aún hoy clama justicia, como dicen las escrituras”. Y señala que si “usted tiene un familiar entre las víctimas de la dictadura, jamás renuncie a saber la verdad, de lo contrario, sería un cobarde a la oportunidad de saber la verdad de lo que ocurrió”, concluye.
Blanquear a los responsables
El teólogo Jaime Escobar, editor de la revista “Reflexión y Liberación”, recalca que las declaraciones de apoyo hacia el General Santelices no tienen ningún apoyo jurídico, ético ni moral, porque “a una persona con discernimiento, que presencia cuando se ametralla por la espalda, cuando se usan los corvos y se cortan cuellos contra personas indefensas, no procede, bajo ningún punto de vista, aplicar el argumento de que este joven oficial recibía ordenes y no supo lo que hacía”.
Escobar llama a revisar una serie de documentos de la Iglesia Católica chilena, de la iglesia latinoamericana, incluso encíclicas papales en que se señala que bajo ningún concepto “un católico puede de alguna forma justificar hechos criminales catalogados como genocidios que fue lo que sucedió, como por ejemplo, en la caravana de la muerte”.
Respecto a la tesis de que muchas de las personas que fueron asesinadas lo fueron por delación de sus propios compañeros, Escobar sostiene:
“Esta es una afirmación tan temeraria como reprochable. Temeraria porque esa afirmación ha sido tomada por quienes cometieron crímenes y por quienes lo avalaron, como una forma de equilibrar las cosas, de disminuir el impacto del crimen y eso a la luz de un cristiano, de una persona de buena voluntad y a la luz del evangelio es absolutamente inaceptable”.
Cabe señalar que el propio Cardenal Raúl Silva Henríquez en un documento de 1986, titulado: “Iglesia Servidora de la Vida”, dice específicamente que la iglesia no puede aceptar el genocidio.
Para Alicia Lira, Secretaria General de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, “defender a personas involucradas en crímenes, es atentatorio hacia las víctimas, hacia los familiares, ya que el daño continúa en la espera de verdad, en la espera de sepultar a nuestros muertos.. Por lo tanto nos parece vejatorio la forma como se intenta blanquear a los responsables. Aquí hay una campaña de blanqueo a los responsables, que inclusive vienen en relación a otros casos”.
La Agrupación de Ejecutados Políticos sentencia que es muy grave poner en una misma línea a los asesinos y las víctimas, “ya que a éstos, a través de la tortura, a través de falsos fusilamientos, encierro e incomunicación por meses, les quebraron su voluntad y los hicieron que entregaran nombres.”
La dirigente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos fue enfática:
“ Es un grave error comparar a los torturadores, asesinos, con aquellos que a través del horror y del sacrificio humano entregaron nombres. Me pregunto qué es necesario hacer en el caso del padre Joan Alsina, de Andrés Jarlan, del padre Miguel Woodward, asesinado en la Esmeralda. Hay que apoyar a los familiares, a las organizaciones de Derechos Humanos. Nosotros no tenemos odiosidad, sólo queremos verdad y justicia”.
