Las Redes de Poder que Controlan Chile

Investigaciones judiciales en casos relevantes muestran insospechadas conexiones. Los montajes mediáticos que pautean la política nacional. Piñera y su “solución” al tema de la violación de los derechos humanos. Por Francisco Herreros.

Existe un juego de moda, según el cual, en un proceso de no más de cinco pasos, se puede conectar cualquier persona del mundo con otra cualquiera, en cualquier lugar del mundo. De modo análogo, en los últimos días, el avance en diversas investigaciones judiciales de gran relevancia, permite atisbar las vinculaciones del espeso entramado de las redes de poder paralelo que sigue controlando al país tras bambalinas, como lo demuestra el hecho de que la mayor parte de los sucesos investigados no ocurrió en dictadura, sino en esta perpetua transición.

Los casos en cuestión, cuyas conexiones, en mucho menos de cinco pasos, resultan sorprendentes aún en un país que ha perdido la capacidad de asombro, son las comisiones recibidas por el ex-Comandante en Jefe de la FACH, Ramón Vega y otros altos oficiales de esa rama, en la adquisición de 25 aviones Mirage Elkan; la investigación por el asesinato del ex Presidente, Eduardo Frei Montalva, que parece haber entrado en una fase decisiva; la resolución del Ministro Alejandro Madrid, que aparte del caso Frei investiga el asesinato de Carmelo Soria, en el marco del cual sometió a proceso a cinco altos oficiales de Ejército, y el montaje de inteligencia que intentaba “solucionarle” el tema de las violaciones a los derechos humanos a un eventual gobierno de Piñera, en la que participó la diputada Karla Rubilar, una de sus operadoras políticas.

Co(i)misiones de alto vuelo

Sería indiferente partir por cualquiera, pero hagámoslo por el caso Vega, por sus connotaciones, las mismas que motivaron el voto de mayoría de Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en el sentido de mantener en prisión al ex general Vega, los generales (r) Jaime Estay y Florencio Dublé y el coronel (r) Luis Bolton, por estimar que “constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad”, dado el hecho que “existen presunciones graves para considerar que los encausados tuvieron participación culpable en calidad de autores y cómplices en el ilícito (…) situación particularmente grave si se tiene presente la naturaleza del delito que les imputa (malversación de caudales públicos)”.

En términos sucintos, al general Vega y sus secuaces el Ministro en Visita, Omar Astudillo les imputa haber recibido coimas por 15 millones de dólares en comisiones en la operación de compra de 25 aviones Mirage Elkan al Gobierno de Bélgica, en 1994, la mayor parte de los cuales ya está fuera de servicio.

La operación se realizó mediante el decreto supremo Nº 7ª, del 01 de marzo de 1994, durante el Gobierno de Patricio Aylwin, con la firma del su Ministro de Defensa, Patricio Rojas. Dicho decreto autorizó a Vega efectuar la inversión correspondiente y suscribir contratos con la Fuerza Aérea de Bélgica, con la Sociedad Anónima de Construcciones Aeronáuticas y con el Generale Bank de Bélgica, tras lo cual, en junio de 1994, se suscribió en Bruselas el “Contrato de Compraventa de Sistema de Armas MIRSIP PLUS y Suministros complementarios”.

Tráfico de armamento

En la primera de estas sorprendentes conexiones, también la firma de Patricio Rojas, y la del subsecretario de Guerra, Mario Fernández, llevaba el decreto que autorizó la exportación de 36 bultos caratulados como “ayuda humanitaria” a Sri Lanka, en circunstancias de que en realidad era una exportación encubierta de armas provenientes de FAMAE a Croacia, en circunstancias de que por esa fecha, noviembre de 1991, la ONU había decretado embargo de armamento a los países contendientes del conflicto de los Balcanes.

Por ese delito, el Ministro en Visita, Alejandro Solís, condenó a cinco años y un día, en calidad de autores, al ex director de FAMAE, general en retiro del Ejército Guillermo Letelier Skinner, y al general (r) de la FACh, Vicente Rodríguez Bustos. A tres años y un día fueron condenados los oficiales (r) David Manuel Fuenzalida González, Carlos Sepúlveda Cataldo Patricio Ernesto Pérez Villagrán, Pedro Araya Hermosilla y Ramón Vicente Pérez Orellana, éste último con otros 541 días por falsificación de instrumento público. Antonio Sahb Salomón, gerente de la empresa que gestionó el embarque aéreo de 36 bultos, recibió 600 días, y 541 días el agente de aduanas, Sergio Polmann y la ex secretaria del Centro de Negocios de FAMAE, Gloria Molina.

La huella de Pinochet

En otro sorprendente nexo, la investigación que conocieron los ministros Sergio Muñoz y Carlos Cerda, por el enriquecimiento ilícito de la familia Pinochet, apuntaba firmemente en la dirección del tráfico de armas. Si eso no es hoy una verdad judicialmente probada, obedece a la maraña de recursos procesales presentados por la defensa de los Pinochet, que en los hechos dejó fuera al Ministro Cerda, lo cual no hubiera prosperado sin el concurso aquiescente de los tribunales superiores. Sin embargo, en los hechos, el capitán retirado Pedro Araya Hermosilla, condenado por el contrabando de armas a Croacia, reveló que fue el propio Pinochet quién dispuso que el Ejército las entregara para su venta.

Según la confesión judicial de Araya, en noviembre de 1991 se celebró un cónclave del Ejército, al que asistieron seis generales y algunos oficiales, entre ellos Araya, en el que se definieron las unidades militares que darían el armamento, que fue entregado al francés Yves Marziale. El militar también precisó que antes de esa reunión se celebró otra entre Pinochet y generales de la Guarnición de Santiago, en la que se trató el asunto. La operación no exigía material nuevo, por lo que Araya señaló que Pinochet, entonces Comandante enJefe del Ejército, dispuso que la institución entregara las armas a FAMAE para la venta. Añadió que Marziale pagó la primera cuota con un vale por 203 mil dólares del Banco de Chile a nombre de FAMAE, que después fue depositado en una cuenta del mismo banco en Nueva York. El Banco de Chile fue investigado en EE.UU. por las cuentas secretas de Pinochet en el Banco Riggs, entre otros bancos. A fines de noviembre, el director de FAMAE, general Guillermo Letelier, ordenó la retirada del armamento de las distintas unidades elegidas para el primer envío. La venta total tenía un valor aproximado de seis millones de dólares. Sin embargo, no es la única coincidencia.

Nombres como los de Carlos Honzik, Berthier Investment Inc., Intercountry Holding y el Banco Coutts and Co, aparecen profusamente mencionados tanto en la investigación de los jueces Muñoz y Cerda por el enriquecimiento ilícito de la familia Pinochet, como en la que lleva adelante el Ministro Omar Astudillo, por el caso de las coimas en la compra de los aviones Mirage.

Pero tampoco es todo.

Asesinatos por encargo

El ex capitán Pedro Araya Hermosilla no formuló estas declaraciones ante el Ministro Alejandro Solís, sino ante el Ministro Claudio Pavez, que investiga el asesinato del coronel Gerardo Huber Olivares.

Dicho asesinato acaeció en febrero de 1992, en directa relación con el tráfico de armas a Croacia, debido a que el coronel Huber le comunicó a un amigo que se proponía concurrir a la justicia, para deponer lo que sabía de esa operación.

Por ese crimen, el Ministro Pavez tiene sometidos a proceso al general Eugenio Covarrubias, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE); al General Víctor Lizárraga, ex subjefe de la DINE; al general Carlos Krumm, ex jefe de Logística de la DINE y ex Director de FAMAE; al brigadier Manuel Provis, ex jefe del Batallón de Inteligencia de la DINE y al coronel Julio Muñoz, el amigo de la víctima a quién le confesó que pretendía declarar lo que sabía, encausado como cómplice de asociación ilícita.

A su turno oficiales de la DINE, organismo que según han demostrado diversas investigaciones judiciales, suministró el personal que perpetró las más atroces violaciones de los derechos humanos durante la dictadura y participó en las operaciones de encubrimiento de graves delitos de peculado en que aparecen implicados Pinochet y otros altos oficiales de Ejército, están implicados en el asesinato del químico de la DINA, Eugenio Berríos, crimen que buscaba impedir que éste declarara en estrados judiciales lo que sabía de los asesinatos de Orlando Letelier y del ex Presidente, Eduardo Frei Montalvo, entre otros, al último de los cuales también se llega por otra asombrosa conexión emanada del caso Vega.

Conexión con caso Frei

Según una información publicada por el diario La Tercera, en la investigación del Ministro Astudillo estaría acreditado que tres de los quince millones de dólares de comisiones por la compra de los aviones Mirage aparecen depositados en la cuenta corriente del ingeniero eléctrico y ex-Gerente de Televisión Nacional, Bartolomé Dezerega.

Resulta que, según la misma información periodística, Dezerega es amigo personal del Ministro de Defensa a la fecha de la compra de los aviones, Patricio Rojas, y que un hijo suyo, Alejandro Dezerega, era asesor de Rojas.

Y también resulta que la actuación de Rojas en el asesinato de Eduardo Frei es, por decir lo menos, controvertida. Por de pronto, fue el nexo entre la familia y el equipo médico, en el que figuraba su pariente, Patricio Silva Garín, quién a la fecha de los hechos, enero-febrero de 1982, se desempeñaba en el hospital militar. Es también quien ha sostenido invariablemente la tesis de las causas naturales en la muerte de Frei: “las complicaciones postoperatorias, la infección, la septicemia y el shock multisistémico que sufrió el Presidente Frei Montalva fueron la causa de su muerte”.

Eso, al parecer, está fehacientemente refutado en la etapa actual de la investigación, que conoce el Ministro Alejandro Madrid. Según el abogado de la familia, Álvaro Varela, “estamos en el camino en que es necesario determinar las responsabilidades, porque los antecedentes del proceso muestran que hubo envenenamiento en la persona de Eduardo Frei Montalva”.

En declaraciones a radio Cooperativa, Varela dijo que la etapa previa al crimen, que se inicia con la vigilancia a Frei Montalva a partir de 1980, por su actuación en la campaña contra el plebiscito para aprobar la Constitución y su discurso en el Teatro Caupolicán, “tiene las mismas características de aquella que se realizó con respecto a Tucapel Jiménez”, quien fuera asesinado en 1982, también por un comando de la DINE, integrado, entre otros, por Carlos herrera Jiménez, implicado en los asesinatos de Mario Fernández López, Juan Alegría Mundaca y Eugenio Berríos, entre otros.

Varela agregó que “toda esta operación está centrada en la Dirección de Inteligencia del Ejército, y hay algunos antecedentes que nos permiten vincularlo a Eugenio Berríos”.

El nexo con Berríos, que como se sabe, también fue asesinado por funcionarios de la DINE, es de suma importancia en este caso, pues fue quién habría cultivado la bacteria Clostridium botulinum con la cual se habría ultimado al ex Presidente. El nexo continúa con el hecho de que a lo menos tres médicos vinculados a la DINA, Pedro Valdivia Soto, Rodrigo Vélez Fuenzalida y Enzo Fujide, se desempeñaban en la Clínica Santa María en el período en el que Frei estuvo allí. El propio Silva Garín declaró ante el Ministro Madrid que conformó su equipo con los doctores Eduardo Weinstein, también vinculado a la DINA, con quien también trabajaba en el Hospital Militar, y el doctor Rodrigo Vélez.

La torva marca de la DINE

Todas estas incógnitas serán prontamente develadas, pues según el abogado Varela, “los sospechosos están claramente determinados” y espera que dentro del primer semestre de este año se conozcan los primeros resultados de la investigación del Ministro Madrid.

Entonces, también es posible que alcancen estado de verdad judicial aquellos antecedentes que apuntan a la autoría de funcionarios de la DINA y de la DINE en una serie de asesinatos vinculados de una u otra manera al caso Frei y al uso de sustancias neurotóxicas creadas por el químico Eugenio Berríos y el Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército, dependiente de la DINE, entre ellas, el gas sarín y la bacteria Clostridium botulinum.

La lista es larga: el asesinato del diplomático español y militante del Partido Comunista de Chile, Carmelo Soria Espinoza, en julio de 1976; el asesinato del cabo de Ejército y funcionario de la DINA, Manuel Leyton Robles, en marzo de 1977; el conservador de Bienes Raíces, Renato León Zenteno, también en 1977; Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Pacheco Díaz, reos comunes de la cárcel públicas, que murieron intoxicados por botulismo en una operación que apuntaba a presos políticos del MIR, en diciembre de 1981, y el del propio Eugenio Berríos, asesinado en Uruguay en enero de 1993.

No son todos, pues en otros procesos aparecen casos como los de dos peruanos, identificados como “Juan Pablo y Rafael” por un agente de la DINA que confesó ante el Ministro Víctor Montiglio, asesinados en el contexto del Proyecto Andrea, asignado a Michael Townley y Eugenio Berríos.

Para continuar con los nexos, uno de los procesados por el asesinato de Berríos es el ex jefe de la DINE, general Eugenio Covarrubias, procesado también por su participación en el asesinato del coronel Gerardo Huber Olivares. Pues bien, el pasado 19 de enero, el Ministro en Visita, Alejandro Madrid lo sometió a proceso por asociación ilícita, falsificación de instrumento público e infracción al artículo 212 del Código Penal, en la causa por el asesinato de Carmelo Soria, junto a los coroneles ® Jaime Enrique Lepe Orellana y Rene Patricio Quilhot Palma, y los oficiales Leonardo Quilodrán Burgos y Fernán Ruy González Fernández.

Un caso escatológico

Pero tampoco es la única operación de inteligencia política en que se ha visto envuelto, sea como víctima, autor mediato o sospechosos de serlo, el acaudalado empresario que sueña con convertirse en Gerente de la República.

Otro bullado asunto en el cual, en virtud de sus seculares e inveteradas disputas, la derecha se disparó en un pie, fue el denominado caso Spiniak, donde también tuvo estelar participación una de las operadoras políticas de Piñera, la ex diputada Pía Guzmán.

En términos sucintos, y a través de una trama muchas de cuyas aristas permanecen en las sombras, una muchacha “flaite”, un sacerdote y una diputada escandalizaron al país al asegurar que conspicuos políticos, entre ellos miembros de la UDI, participaban asiduamente en las orgías de sexo y droga que el empresario Claudio Spiniak organizaba con menores de la calle.

También para abreviar el cuento, el episodio, que presenta notables trazas de representar un complot iniciado desde los centros del poder real, terminó con la carrera política de Pía Guzmán, el prestigio de la UDI y la salud mental de su entonces Presidente, Pablo Longueira, que por entonces andaba sosteniendo esotéricos y arrebatados diálogos en el más allá con su mentor, el ex senador Jaime Guzmán.

La UDI nunca le perdonó a Piñera su apoyo inicial a la versión de Pía Guzmán, con la afirmación de que le constaba que ésta no mentía. Pero después, cuando Gema Bueno se retractó y no hubo forma de sostener las imputaciones, consideró prudente, recordando el proverbio árabe, declarar austera y filosóficamente, en febrero de 2003: “Los temas judiciales dejémoslos en la justicia”.

Delación no compensada

Tampoco sería la última operación en la que aparece involucrado Sebastián Piñera. Según una crónica del diario La Nación, del pasado 19 de enero, “cinco años después, un grupo de destacados dirigentes de Renovación Nacional se metió en una auténtica operación de inteligencia en un hecho inédito en la historia política reciente, de la mano de altos funcionarios y agentes militares o policiales de Colombia. El año pasado los senadores de RN Andrés Allamand y Alberto Espina, junto al presidenciable Sebastián Piñera, recibieron de manos de altos funcionarios colombianos -que podrían ser agentes de seguridad, oficiales de Inteligencia o personeros de ese país enlazados con aparatos de seguridad- uno o varios correos electrónicos obtenidos del computador de un jefe guerrillero abatido, donde figuraban nombres de chilenos que habrían tenido vínculos con las FARC. Los dirigentes de RN habrían entregado el informe extranjero a autoridades chilenas. Lo que está confirmado es que se lo pasaron a un diario y generaron un hecho político que afectó a organizaciones de izquierda y mapuches y que, de paso, significó la salida de un periodista que trabajaba en el equipo de La Moneda, el que fue acusado por la Secretaria General de RN, Lily Pérez, de ser ayudista de las FARC”.

Con el tiempo, la acusación se diluyó conforme nuevos antecedentes probaron que dichos documentos carecen del más elemental valor judicial.

Amo de sus silencios, Piñera prefirió hacer mutis por el foro.

Fuera las caretas

Pero todavía faltaba la guinda de la torta, representada para los efectos por la operación política y mediática impulsada por diversos políticos de derecha, entre ellos el propio Piñera, la senadora Evelyn Matthei y los diputados Alberto Cardemil y Karla Rubilar, que apuntaba a relativizar el tema de los detenidos desaparecidos, mediante la denuncia, profusamente amplificada por los medios de comunicación del sistema, en el sentido de que habría un número considerable de falsos detenidos desaparecidos, o de “reaparecidos”, como también les llamaron; montaje que inevitablemente recuerda las operaciones mediáticas que intentaron encubrir y desviar la atención pública sobre el caso de los 119 desaparecidos, también conocido como Operación Colombo, y la desaparición de la dirección del Partido Comunista, en 1976.

Igual como los titulares esculpidos con letras de plomo en los anales de la infamia, al estilo de “Exterminan Como Ratas a Miristas” (La Segunda, 24 de julio de 1975) o “Desaparecidos Salieron Furtivamente del País”, (La Tercera, 8 de febrero de 1977), Piñera declaró lo siguiente a radio ADN, el 29 de de diciembre pasado: “No son tres sino que hay identificados ocho casos de falsos desaparecidos. (…) Karla Rubilar ha trabajado en esto con extraordinaria seriedad y efectivamente tiene antecedentes de ocho casos irregulares. Pedimos que el Gobierno en lugar de descalificar, investigue, porque mientras antes esclarezcamos los casos falsos mayor claridad va a haber respecto de los casos verdaderos”.

La mano del Mamo

Cuando se comprobó que no sólo no había ocho casos de falsos detenidos desaparecidos; que los antecedentes de tres de ellos fueron extraídos del libro de Manuel Contreras La Verdad Histórica, un verdadero manual de la estolidez; que los antecedentes le fueron suministrados a la diputada Rubilar por un oscuro procurador del equipo jurídico de Contreras, y que en virtud de ello, dicha diputada fue defenestrada de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, nuevamente Piñera creyó oportuno tomar prudente distancia, el 13 de enero pasado: “Es un error que yo lamento, porque ha causado mucho daño. Estoy seguro de que actuó de buena fe”.

Piñera y los derechos humanos

Con abstracción del origen de la maniobra, que muy probablemente debe estar cercano al entorno de Piñera, la principal lección que se saca de ella es que la derecha no ha aprendido una sola palabra de la lección histórica dejada por su autoría mediata en la violación de los derechos humanos.

Una vez más queda claro que no está dispuesta a reconocerlas.

Una vez más queda claro que no se arrepiente de ellas.

Una vez más queda claro que no se le pasa ni por las mientes pedir perdón.

Peor aún. Como la derecha no gana elecciones y llegó al poder con la dictadura en virtud de una enorme conspiración financiada por una potencia extranjera, dentro de la cual los montajes mediáticos tuvieron una principalísima importancia, cree que puede “solucionar” la deuda pendiente en materia de violación de los derechos humanos, mediante el recurso de los montajes mediáticos, de los cuales la escena de la diputada Rubilar entrando a La Moneda para entregar falsos antecedentes empujando el coche de su guagua, es una confesión de partes que releva de pruebas. Una derecha que atropella así hasta las más elementales normas de decencia y convivencia civilizada, no tiene derecho a volver al poder.

En rigor, al poder formal, porque del poder real se encargan sus ramificaciones fácticas, tal como permiten atisbar las investigaciones judiciales reseñadas, sobre crímenes enfilados encubrir graves casos de peculado y enriquecimiento ilícito de cúpulas militares, en las barbas mismas de los timoratos gobiernos concertacionistas.

Triste colofón

Con astucia no exenta de cinismo, más de algún defensor del status quo podría argumentar que esas mismas investigaciones demuestran que las instituciones funcionan, cuando en realidad no hacen sino demostrar que lo que realmente funciona en este país son esas invisibles logias de poder.

La noción de redes de poder no remite, necesariamente, a la imagen de cofradías secretas, comandadas por una suerte de omnipotente Estado Mayor.

Con frecuencia, se trata de encadenamientos de acciones de individuos cercanos a posiciones de poder, que obran como lo hacen guiados simplemente por ambición personal e intereses de clase, en el contexto de un sistema político extraordinariamente permisivo, caracterizado por una refinada hipocresía. Pero, es cierto, al menos hay jueces dispuestos a investigarlas.

El problema de montajes mediáticos como el que impulsó la derecha a través de la diputada Rubilar, consiste en que pretende negarle justicia a casos mucho más graves acaecidos durante la dictadura, toda vez que se trataba de víctimas inocentes y desarmadas, a las cuales el único cargo que podían imputarle sus asesinos, era pertenecer a partidos políticos que participaron en la dramática odisea del Gobierno de la Unidad Popular, cuya mayor culpa, desde el punto de vista de los generales civiles que digitaron el golpe de Estado que terminó con él, fue impulsar el proyecto de cambio político y social más legítimo y democrático de nuestra historia.

Documental que Agustín Edwards no quiere ver

Una película que revela los detalles de los montajes y silencios de “El Mercurio” para cooperar con la DINA, la CNI y la dictadura militar.

Beatriz Undurraga está sentada en un sillón. De polera rosada, mirada inquieta o mejor dicho, nerviosa intenta dar explicaciones frente a una cámara que la graba, sobre el montaje que ayudó a construir para ocultar el asesinato de la dirigenta comunista Marta Ugarte. Con el título: “Asesinada hermosa joven”, la mítica periodista policial de “El Mercurio” quien fue “funada” en varias ocasiones y retratada por Fuguet en el libro “Tinta roja” relataba en septiembre de 1976 un crimen pasional que habría dado muerte a una “atractiva joven de 23 años”. Con esta nota, “El Mercurio” ayudó a la DINA a tapar un error operativo. Marta Ugarte había sido asesinada en Villa Grimaldi y lanzada al mar dentro de un saco amarrado a su cuello con un alambre. A pesar de todas las precauciones de los militares, el cadáver fue devuelto a la playa La Ballena, en Los Molles. Todavía conservaba el alambre en su cuello cuando Beatriz Undurraga lo vio.

Entonces, Marta Ugarte tenía 42 años, no 23, y había muerto producto de las torturas, no de un crimen pasional, pero el diario de Agustín Edwards contó otra historia. Pablo Honorato publicó lo mismo en “Las Últimas Noticias”, a pesar de que también vio el cuerpo. Beatriz Undurraga dice que pensó que era más joven por su delgadez, quizás producto de que no había comido mientras estaba presa.

Cómo “El Mercurio” y el Gobierno militar fraguaron éste y otros montajes es parte del relato presentado por el director Ignacio Agüero en el documental “El diario de Agustín”, que verá la luz en Buenos Aires el próximo 19 de octubre en el marco del Festival DocBsAs, donde el 2005 la historia de esta cinta se ganó el premio para desarrollo de proyectos. En 80 minutos, la película relata cómo Agustín Edwards Eastman, el quinto Agustín de la influyente dinastía mercurial, ayudó a provocar el golpe de Estado junto a la CIA y después a callar, ocultar o justificar los crímenes de la dictadura, incluso mediante mentiras.

A pesar de las evidencias, Hermógenes Pérez de Arce tiene una visión distinta sobre el rol del “decano” en esos años. “El Mercurio” desempeñó su función periodística perfectamente e informó todo lo que se conocía y se sabía, e incluso contenía muchas críticas al Gobierno militar, porque reproducía lo que se decía en el extranjero en su sección de cable [”Chile en el exterior”]. Sólo en los primeros días después del golpe, el diario tuvo más control, pero después de eso hubo completa libertad para informar”, asegura Hermógenes, que aunque no aparece en el documental, fue entrevistado durante la investigación previa.

El intento frustrado del “Dunny”

Los realizadores quieren invitar al diario de los Edwards al lanzamiento del documental. “Esto no es un panfleto contra ‘El Mercurio’; es una película, una investigación histórica. Además, es un tema que en todo este tiempo no ha sido abordado y este diario, siendo un actor central en la actividad política de Chile hasta hoy día, nunca ha dado una explicación de lo que hicieron”, dice el ex gerente general de la desaparecida revista “Apsi”, Fernando Villagrán, que hoy es el productor de este documental.

Pero claramente Edwards no lo verá con buenos ojos y ya hay antecedentes de esta certera predicción. Es que obviamente el magnate a escala chilena de la prensa, no quiere que sigan escudriñando una historia del pasado que lo desprestigia.

El 26 de octubre de 2007, Villagrán inscribió el título “El diario de Agustín” en el registro de marcas comerciales, para usarlo como nombre del documental. No hubo ninguna objeción en el plazo legal y después de tres días, el prestigioso estudio de abogados Alessandri presentó un recurso de nulidad a nombre de Agustín Edwards. Fue demasiado tarde. El título ya tenía dueño y el recurso fue desechado.

Pero el “Dunny”, apodo que recibió el empresario periodístico como informante de la CIA, no se dio por vencido y cuando Ignacio Agüero trató de inscribir el dominio eldiariodeagustin.cl en NIC Chile, nuevamente el estudio de Alessandri atacó y pidió que le asignaran el nombre a Agustín Edwards & Cía.

Entre los argumentos que esgrimieron están: que la concesión del nombre a Agüero “le causaría un gran perjuicio [a Edwards]”, ya que las personas tenderían a pensar que se trata de su página web, y el uso “insospechado” que se le puede dar al dominio, “afectando su reputación”.

Pero Agustín perdió el litigio en mayo de este año y el documental verá la luz la próxima semana en Argentina, para luego ser estrenado en Chile y exhibido en ciclos de cine nacionales.

Matar comunistas

“De asustarse, Agustín Edwards se podría asustar de su propios actos, porque el documental lo que hace es un registro histórico que tiene una indagación con archivos de hechos que vienen desde 1967 hasta hoy día. Estamos hablando de un protagonista de la historia de Chile que hoy día es muy poderoso y muy decisivo”, responde Fernando Villagrán frente a las acciones de Edwards, que se negó a hablar para la cinta. “Don Agustín no da entrevistas”, fue la respuesta de su secretaria después de los intentos de los periodistas que trabajaron en la investigación.

Sin embargo, el mundo mercurial también se hizo actor, gracias a las intervenciones de editores y periodistas que trabajaron en la empresa durante la dictadura. Juan Pablo Illanes, Raquel Correa, Álvaro Puga y Beatriz Undurraga, entre otros, aceptaron conversar con los investigadores.

“Matar comunistas en una época determinada era una necesidad biológica, prácticamente, de los militares”, dice Álvaro Puga frente a las cámaras. Este periodista, que entonces escribía columnas en “La Segunda” bajo el nombre de Alexis, fue el encargado de orquestar en Chile la difusión de la información falsa de la Operación Colombo. Hoy tiene un sitio web llamado “Despierta Chile”, que intenta mantener despierto un pinochetismo acérrimo.

Seis estudiantes de periodismo del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (Hans Stange, Claudio Salinas, Elizabeth Harries, Paulette Dougnac, Raúl Rodríguez y María José Vilches), en el marco del Programa de Libertad de Expresión, fueron seleccionados por los realizadores y por la profesora Claudia Lagos el año 2005 para comenzar a investigar en enero de 2006. Además del documental, LOM va a publicar en un libro todas las investigaciones de estos ex estudiantes de Periodismo. Todos entre 24 y 35 años.

Claudia Lagos dice que cuando entrevistaron a los periodistas que trabajaron en “El Mercurio”, muchos tenían conciencia del lugar donde trabajaban, por lo que no intentaban publicar nada. Otros dicen que en ese tiempo no sabían mucho de estos casos y un grupo asegura que rebotaban las informaciones que no podían publicar a colegas de otros medios, sobre todo durante los años 80, en que surgió más prensa opositora.

Una portada y dos torturas

Iván Barra y Jorge Jaña eran veinteañeros cuando fueron detenidos violentamente por la CNI el 9 de abril de 1987. Seis días antes, el Papa Juan Pablo II había dado un discurso en el Parque O`Higgins, donde recibió a Carmen Gloria Quintana y grupos de izquierda protestaron con quema de neumáticos y gritos. Los incidentes provocaron la alerta de la CNI, que comenzó a buscarlos. “El Mercurio” hizo lo mismo que la central de inteligencia y el 9 de abril publicó en su portada: “Identificados los violentistas del PC en el parque”. El artículo incluía las fotografías de ambos jóvenes y había sido ordenado por el mismísimo Agustín Edwards. Los jóvenes fueron torturados en un cuartel de la CNI durante diez días, hasta que los dejaron en libertad, porque se comprobó que ellos ni siquiera habían ido al parque ese día, por lo que era físicamente imposible que hubieran participado en disturbios o manifestaciones.

“Yo no sé quién entregó la información a quién”, responde el ex vocero del régimen militar, Francisco Javier Cuadra, en la cinta. Luego de que Barra y Jaña fueron liberados, interpusieron una demanda por injurias y calumnias contra “El Mercurio”. Durante el juicio, Edwards dijo que Cuadra le había entregado la información con las fotos, pero Cuadra lo niega hasta el día de hoy y durante el juicio dijo que la CNI le entregó la información al dueño del “decano”. Edwards fue encargado reo y no pudo salir del país durante un año, pero la Corte de Apelaciones le concedió la libertad y el caso se cerró.

LND tampoco logró conversar con don Agustín. El año 2000 el “decano” cumplió 100 años y la periodista Raquel Correa tuvo que entrevistar a su jefe para la edición especial. En esa oportunidad le preguntó por el silencio de “El Mercurio” con respecto a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. “El apasionamiento político de la época hizo que la violencia de los primeros meses del Gobierno fuera considerada por muchos, no sólo por el diario, como una consecuencia dolorosa, pero ineludible en el estado de enfrentamiento que reinaba en el país. Las cosas hay que juzgarlas en su contexto”, respondió. Y unas líneas más abajo, agregó: “No fue por temor ni por presiones que publicáramos poco de lo que ahora sabemos, sino porque no teníamos información seria sobre las acusaciones que en ese tiempo circulaban como rumores imposibles de confirmar”.

Villagrán dice que en el filme la relación de los periodistas de “El Mercurio”, así como la de su dueño, con la DINA y la CNI queda clara. “Los casos que se develan tienen que ver con muertes, tienen resultados criminales. Se muestra cómo ocultaron información, como cuando no informaron sobre la detención de toda la cúpula del PC, cuando evidentemente era un hecho noticioso”, dice Villagrán.

“Este documental habla de hechos que se han acallado y que son importantes de tratar en la construcción de una convivencia democrática, aparte de preguntarse por qué los sectores progresistas no son capaces de tener prensa”, agrega Ignacio Agüero.

La campaña de Agustín Edwards Eastman contra la reforma universitaria de la Universidad Católica (cuando los estudiantes de esa casa de estudios publicaron el famoso lienzo: “El Mercurio” miente), la coordinación con la CIA para derrocar a Allende y su viaje a Estados Unidos contado en lujo y detalle con documentos en mano, son algunos de los detalles que quiere develar este documental, que puede producirle fuertes dolores estomacales a don Agustín.

¿Por qué “El diario de Agustín” ahora?

Por Fernando Villagrán*

El nombre de Agustín Edwards está en la historia económica y política de Chile desde comienzos del siglo XIX y desde 1875 asociado a la propiedad del diario “El Mercurio”, fundado en Valparaíso algunas décadas antes. Agustín Edwards Ossandón,Agustín Edwards Ross, Agustín Edwards Mc Clure, Agustín Edwards Budge y Agustín Edwards Eatsman, cada uno con sus particulares talentos, han dado continuidad, a través de dos siglos, a una dinastía de hombres de fortuna, activos en los negocios, la política y la prensa.

Agustín Edwards Eatsman fue el heredero de un poder que lo llevó a transformarse, a comienzos de los años setenta, en cabeza del tercer grupo económico más importante del país. Después de una historia no exenta de contradicciones y vaivenes de la línea editorial de “El Mercurio”, al calor de la emergente historia democrática de Chile, a mediados de los años sesenta la creciente cadena de medios liderada por Agustín Edwards Eatsman asumió el liderazgo de las posiciones más conservadoras que se resistían al cambio de la sociedad chilena y asociaban esos intentos mayoritarios a la influencia del comunismo internacional, en el marco de la desatada guerra fría. En ese contexto, el diario combatió con fiereza la reforma agraria que ponía fin al injusto e ineficiente latifundio y demonizó una reforma de las universidades que apuntaba a la democratización de las anquilosadas estructuras que las regían y a cambios de los planes de estudio en una sociedad que pujaba por abrir puertas y ventanas a las mayorías excluidas y postergadas de los beneficios económicos y culturales y de la participación política y social.

El ataque furibundo de “El Mercurio” a la movilización de los estudiantes de la Universidad Católica conoció extremos inéditos, provocando la respuesta de los jóvenes reformistas -que contaban con el apoyo del cardenal Raúl Silva Henríquez en sus propuestas renovadoras- que instalaron en el frontis de la Alameda el cartel: “CHILENO, EL MERCURIO MIENTE”, el que de acuerdo a la historia que vendría ha quedado como un sello emblemático y vigente por más de cuatro décadas.

Baluarte de la llamada campaña del terror en contra de la candidatura presidencial de Salvador Allende, con epicentro en Estados Unidos como se demostraría luego hasta la saciedad en documentos desclasificados, tras su elección el 4 de septiembre de 1970, Agustín Edwards viajó a Washington.

En uno de los últimos documentos desclasificados de la CIA se lee el mensaje del Secretario de Estado Henry Kissinger al Presidente Nixon: “Agustín Edwards ha huido y llega aquí el lunes. Me voy a reunir con él el lunes”.

Las platas que obtuvo generosamente en su gestión directa ante los políticos más poderosos del mundo sirvieron al negocio del diario que tuvo en los años posteriores como su gran objetivo estimular el derrocamiento del gobierno de Allende. Edwards movió hilos desde el país del Norte y celebró el golpe militar a la distancia, regresando a Chile cuando la dictadura de Pinochet estaba bien consolidada y la DINA demolía a sus opositores.

En esa historia y en la que sigue hasta hoy, cuando la ya crecida cadena de medios que lidera el propietario de “El Mercurio” es un poder incólume y aparentemente incontrarrestable en la sociedad chilena, se inscribe el documental “El diario de Agustín”, que registra la indagación de un grupo de jóvenes periodistas egresados de la Universidad de Chile que realizan sus memorias de título esclareciendo la responsabilidad directa del diario en episodios de criminales violaciones a los derechos humanos.

Con frescura y valentía los jóvenes periodistas se adentran en sucesos de tiempos que no vivieron y revelan entramados silenciados durante décadas por el mismo diario a diferencia de otros actores protagónicos de los años más críticos de la vida nacional –incluidas las fuerzas armadas- que han asumido sus cuotas de responsabilidad en la destrucción de la democracia y sus dolorosas secuelas. La cadena de “El Mercurio” disfruta de una comodísima y glamorosa impunidad, asentada en los años 80 y luego al llegar la democracia en un salvataje económico de la quiebra propiciada generosamente por las autoridades de la época, acrecentando su influencia de poder transversal en el país, la que a veces –como devela la historia de esta película- reviste la forma de un temor inconmensurable a sufrir su castigo o censura en las páginas de la cadena de Agustín Edwards.

“¿Cómo pudimos vivir 30 años de silencio”, se preguntó el ex Presidente Lagos cuando se conoció el Informe Valech sobre prisión política y tortura. El mismo informe es explícito en el rol cómplice que le cupo a la prensa en esos hechos y “El diario de Agustín” se sumerge en aquellas espesas e ingratas aguas, las mismas que llevaron al Colegio de Periodistas, a mediados de 2008, a pedir público perdón por la participación de medios y colegas en criminales montajes tramados por los servicios de seguridad de la dictadura.

Hace más de 40 años el líder de los estudiantes reformistas de la Universidad Católica, Miguel Angel Solar, protagonizó un memorable debate público con el entonces Director de “El Mercurio”; pero ahora, cuando los jóvenes investigadores de “El diario de Agustín” quisieron sólo entrevistar, y por el medio que él eligiera, al dueño del diario, se encontraron con su negativa absoluta.

Es el silencio para eludir la necesaria cuenta con la historia a que se deben todos los actores públicos, más aún los que inciden en la formación de opinión ciudadana autocalificándose como “diariamente necesarios”.

Por eso y mucho más que podrá concluir cada uno a partir de lo que cuenta “El Diario de Agustín” es que nos pareció necesario realizar esta película. Porque este quinto Agustín Edwards es quizás más poderoso y relevante de los que antes llevaron el mismo nombre y apellido, con su protagonismo de cerca de medio siglo en la vida política, económica y cultural del país, la pregunta podría ser por qué no se hizo antes. La respuesta la intentan los jóvenes periodistas Eli, Hans, Claudio, Paulette, Pepa y Raúl en sus memorias de titulación. Ahora la palabra la tienen los espectadores.

*Economista, periodista, productor ejecutivo del documental “El diario de Agustín”

Ricardo Claro Valdés Pierde Juicio Contra Periodistas

La titular del 32 Juzgado del Crimen de Santiago, Blanca Rojas, resolvió absolver a los periodistas del diario La Nación, Juan Walker -ex director- y Ana Verónica Peña, en el proceso seguido en su contra por Ricardo Claro Valdés, por el delito de injurias graves con publicidad. Esto a raíz de una publicación hecha por La Nación en diciembre de 2004, donde se incluyó al empresario en un artículo titulado “Los top ten. La cara civil de la tortura”, junto a otras nueve personas.

El fallo de primera instancia -que puede ser apelado ante el tribunal de alzada capitalino- representa un importante éxito judicial para la defensa de los profesionales, a cargo del abogado y candidato a concejal por Santiago Alfredo Morgado, como también un duro golpe para el abogado querellante que patrocinó a Claro, el actual presidente del capítulo chileno de Transparencia Internacional, Davor Harasic.

En entrevista con El Mostrador.cl, Morgado valoró la resolución, indicando que existen pilares fundamentales que la magistrada invocó para fundamentar su decisión. “La valoración fundamental es que se ha hecho un reconocimiento a la libertad de expresión, piedra angular de un estado de derecho democrático, principio sin el cual no se entiende ni se sustenta la democracia”.

El profesional, asimismo, destacó que la magistrada “hizo abstracción de la envergadura y trascendencia del querellante en nuestra sociedad, lo que demuestra la objetividad y la altura de nuestros tribunales que defienden otro valor que es la igualdad ante la ley”.

“Este fallo también instala a nuestra judicatura junto a los máximos referentes de la justicia internacional, como son la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea, que han fallado uniformemente a favor de la libertad de expresión”, agregó.

En el contenido de la resolución se da cuenta que el presidente del Tribunal Constitucional, Juan Colombo, así como también su homólogo del Senado, Adolfo Zaldívar, apoyaron la tesis de que Claro sufrió un perjuicio moral con la publicación del matutino.

Animus injuriandi

La magistrada consideró que el contenido del reportaje, que reveló la conducta de Claro como soporte político de la dictadura militar (1973-1990), así como la de otros civiles que constituyeron el armazón legal en el cual se descansó el gobierno de 17 años de Pinochet, no constituyó ningún ilícito, porque gran parte de la información que allí apareció ya había sido publicada con anterioridad, y el empresario nunca las desmintió cuando aparecieron.

Además, “a mayor abundamiento, para determinar si la publicación en cuestión puede constituir un delito materia de acusación particular, debe siempre analizarse la concurrencia de un elemento esencial del tipo, de índole subjetivo, que se trata del dolo específico denominado animus injuriandi, o la intencionalidad ofensiva de las expresiones contenidas en el reportaje de marras, el que, acorde lo señalado, no se divisa cómo, dentro del reportaje, que debe ser analizado en su contexto –como ya se ha mencionado en torno a diez personas- haya existido de parte de la redactora del mismo y del director del periódico, un dolo específico tendiente a lesionar el honor, la fama, crédito o intereses del supuesto agraviado”, escribió la magistrada.

Rojas también analizó en el dictamen la demanda de indemnización de $1.000 millones interpuesta en contra del periódico, rechazándola, con costas (por haber sido totalmente vencida la demandante), ya que no hay delito sobre el cual fundar un pago de esas características.

Esta no es la primera vez que Ricardo Claro pierde un juicio de estas características. Anteriormente, le fue denegado que una nota periodística publicada precisamente por El Mostrador.cl haya constituido un ilícito de calumnias con publicidad.

Opiniones

Para el abogado Ciro Colombara, experto en temas de libertad de expresión y transparencia, el dictamen abre un camino importante para la discusión en Chile acerca de la anulación o modificación de los delitos de injurias y calumnias cometidos por periodistas en el ejercicio de su profesión, y contra medios de comunicación social.

Colombara coincidió en que el fallo apunta necesariamente a los criterios adoptados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

Actualmente el profesional se encuentra en México, en la ciudad de Monterrey, exponiendo sobre la libertad de expresión y el SIDH. Por esta razón, resaltó que “el fallo es extraordinariamente relevante, porque valida la actuación de los periodistas y los medios en hechos de interés público”.

Para Claudia Lagos Lira, periodista e investigadora del Programa de Libertad de Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile el fallo es una “muy buena noticia”.

Según Lagos, la magistrada “valoró elementos importantes, como que primero debe existir dolo”.

“Es decir, que la periodista y el director hayan publicado algo con expresa intención de lesionar el honor de alguien. Y con esto lo que la jueza está diciendo es que no basta con que alguien diga que se ha sentido ofendido: debe probar que quienes lo ofendieron lo hicieron a propósito. Y eso es muy valioso porque, y acá viene el segundo elemento relevante, el fallo le impone la carga de la prueba a quien se querella. Con ese simple gesto reconoce que es tan importante que circulen opiniones, ideas, informaciones, criticas, por más duras que éstas sean, que si alguien se siente ofendido, debe probar que ha sido ofendido a propósito”, opinó.

Además:

Vea la resolución dictada por la magistrada (En formato PDF)

Corte desestima querella de Ricardo Claro contra El Mostrador (15 de Abril de 2008)

A más de 30 años del asesinato de la democracia chilena

Manuel Camargo Sánchez *

Los días 11 de septiembre serán recordados por su dosis de dolor y por el asombro que han provocado a nivel mundial. Sin duda es una fecha de tristes sorpresas y duras lecciones para la humanidad. Este 11 de septiembre de 2003 se cumplieron treinta años de la caída de un régimen que, por voluntad popular, había sido electo para conducir a Chile hacia un socialismo democrático de amplias libertades.

Entre los gobiernos que en la historia del hombre han sido saboteados y pasados por sangre, destaca el del doctor Salvador Allende Gossens, quien muriera asesinado desde la trinchera de la legalidad y de la dignidad el 11 de septiembre de 1973.

Con motivo del trigésimo aniversario de tan lamentables hechos, presentamos en estas páginas, justamente, una treintena de testimonios relacionados con el golpe de Estado que quebrantó la legalidad y asesinó la democracia en ese país sudamericano.

En estos testimonios el lector encontrará, sin duda, huellas de traición, cinismo y descaro de los militares que aplastaron con bayoneta en mano el intento chileno por el socialismo.

Los textos que se reproducen también destacan por su crudeza y por la serie de graves violaciones a los derechos humanos que se registraron durante los primeros tres años de dictadura militar, la cual controló la patria chilena alrededor de tres lustros.

Queden estos testimonios como memoria de esos hechos tan reprobables como indignantes, y como recuerdo de lucha para toda Latinoamérica y vergüenza para toda la humanidad.

1. 11 de septiembre de 1973… Último mensaje por radio de Allende: “No renunciaré. No lo haré. Notifico ante el país la actitud increíble de soldados que faltan a su palabra y a sus compromisos. Hago presente mi decisión irrevocable de seguir defendiendo Chile. Señalo mi voluntad de resistir con lo que sea, a costa de mi vida, para que quede la lección que coloque ante la historia a los que tienen la fuerza y no la razón. Exhorto a los obreros a ocupar las fábricas y a las fuerzas armadas pido que cumplan su deber constitucional…” (Grandes alamedas. El combate del presidente Allende)

2. “Las fuerzas armadas y carabineros están para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista” (primer comunicado de la junta militar. Últimas Noticias de Excélsior, 11 de septiembre de 1973). (La noche de las culebras)

3. En 1973 la presión económica, la campaña de desprestigio e incluso el terrorismo ascendieron hacia una culminación (…). El presidente Allende tuvo que enfrentarse a golpes militares, escasez severa de alimentos por el ocultamiento de ellos con fines especulativos, huelgas casi constantes y la presión política interna y externa. (Día 11: asesinar a Allende)

4. Y esa “lucha” ha llevado a los militares a violar todos los pactos internacionales existentes. A no permitir el ingreso al país de misiones internacionales de la Cruz Roja, de la ONU y a negar los salvoconductos a quienes han obtenido asilo en las diferentes misiones diplomáticas acreditadas en el país. (Chile: una traición al futuro)

5. El mismo día del golpe, el escritor Gabriel García Márquez envió el telegrama siguiente: “Generales Augusto Pinochet, Gustavo Leigh, César Mendoza Durán y almirante José Toribio Merino, miembros de la junta militar. Santiago (Chile): Ustedes son autores materiales de la muerte del presidente Allende y el pueblo chileno no permitirá nunca que lo gobierne una cuadrilla de criminales a sueldo del imperialismo norteamericano. Gabriel García Márquez.” (Día 11: asesinar a Allende)

6. La fisonomía del país se transformó radicalmente en unas cuantas horas: nadie hablaba ni comentaba lo sucedido en la calle, grupos de silenciosos transeúntes llegaban hasta las inmediaciones de La Moneda y se concretaban a observar cómo humeaba el edificio y a los grupos de bomberos y de soldados que removían los escombros. (Chile: una traición al futuro)

7. “A los que estaban heridos los remataban a culatazos o con patadas en la cabeza. Y a las mujeres, a las mujeres, Dios mío, les metían las bayonetas por la raja. ¡Hijos de puta! A otras chiquillas que estaban tiradas, no sé si heridas o muertas, el bayonetazo iba a los senos, directo, para cortárselos…” (Día 11: asesinar a Allende)

8. Como en ningún otro plantel, el de la Universidad Técnica del Estado fue víctima de la saña de los militares que, al igual que la derecha chilena, consideraban a esa escuela un bastión de comunistas y socialistas por el solo hecho de cursar carreras técnicas y de que la mayoría de sus alumnos fueran jóvenes, de ambos sexos, provenientes de la clase media baja o hijos de obreros. (Día 11: asesinar a Allende)

9. Ése era un nuevo espectáculo en las calles de Santiago: grupos de soldados, acompañados por los civiles activistas de Patria y Libertad, quemaban libros en las esquinas, a las puertas de casas particulares, de las librerías que habían sido saqueadas con anterioridad. (Chile: una traición al futuro)

10. A medida que el tiempo pasaba el baño de sangre continuaba. Hora tras hora las disposiciones de la junta militar eran más y más drásticas. La palabra juicio había sido borrada del diccionario y su lugar lo ocupaba ejecución. Fusilamiento, sumarísimo, de todo aquel que fuera sorprendido en las calles durante el toque de queda, de quien fuera sorprendido realizando propaganda en favor del antiguo régimen, de quien osara resistir, incluso con el pensamiento o la palabra, lo dispuesto por los representantes del “nuevo orden”. (Día 11: asesinar a Allende)

11. Las cárceles y los establecimientos militares habilitados como tales fueron insuficientes para albergar a los siete mil presos políticos existentes tan sólo en la capital del país. Los integrantes de la junta militar ordenaron entonces que el Estadio Nacional y sus túneles se transformaran en la inmensa prisión donde los detenidos, después de haber sido brutalmente interrogados en los sótanos del Ministerio de la Defensa o en departamentos requisados para ello, eran conducidos. (Día 11: asesinar a Allende)

12. Tres días después del golpe (los militares) emitieron una proclama, afirmando que si la decisión de deponer (…) a Allende se hubiera aplazado un día más, se habría consumado “el propósito criminal de destruir las libertades de nuestro pueblo y entregarnos a la esclavitud”. Continuaron manifestándose “conscientes” de la responsabilidad suprema de ser “los guardianes más celosos de la soberanía nacional…” (La noche de las culebras)

13. La xenofobia hizo su aparición en el festín iniciado el 11 de septiembre. Alguien dijo que la junta militar clasificaba a los “delincuentes” en comunes, extremistas y extranjeros. Lo confirmó la expulsión de treinta exiliados políticos uruguayos (…), la de trescientos diez bolivianos (…) y la desaparición de más de un centenar de brasileños. Eso motivó que miles de bolivianos residentes en Chile pidieran a su país la amnistía inmediata para poder regresar a su país natal, explicando que ser extranjero en Chile era para la junta militar un “delito” que se castigaba con prisión, vejaciones, torturas y hasta con la muerte. (Día 11: asesinar a Allende)

14. El administrador de editoriales estatales (…) hizo publicar una lista de casi cuatrocientos libros prohibidos en Chile, que incluye desde obras de historia, sociología, antropología y economía, hasta novelas, pasando por las de Pablo Neruda. Los libros vedados fueron retirados de las librerías. (Día 11: asesinar a Allende)

15. El canciller chileno, almirante Ismael Huerta, reveló que “Allende planeaba un golpe de Estado, y que los militares sólo se le habían anticipado. Así es, en efecto, el ‘diabólico’ Allende fraguaba autoderrocarse, proclamar como presidente a Pinochet, para después ‘suicidarse’ metiéndose dieciocho balazos en la espalda” (Ovaciones, 2a. edición, 8 de octubre de 1973). (La noche de las culebras)

16. (…) El secretario general de las Naciones Unidas, señor Kurt Waldheim (…), instó al gobierno del general Pinochet a investigar la situación de los prisioneros desaparecidos. La respuesta del gobierno chileno —tres meses más tarde— no sólo fue evasiva y totalmente insatisfactoria, sino que se tradujo en el continuo hostigamiento de los familiares. (Prisioneros desaparecidos en Chile)

17. Luis Pals, periodista argentino, informó que los pelotones de ejecución fusilaron en plena calle a mujeres encintas y a niños. Por lo menos dos sacerdotes murieron en la represión ejercida contra los simpatizantes del gobierno del doctor Salvador Allende. (Día 11: asesinar a Allende)

18. Las fragmentarias informaciones nos han hablado de ejecuciones en masa, de asilados políticos, de bombardeos implacables de residencias particulares, de represión expedita y sumaria, asesinatos de periodistas en función informativa, vejaciones al dolor de los deudos y, por supuesto, la matanza de la casa de La Moneda (Últimas Noticias de Excélsior, 17 de septiembre de 1973). (La noche de las culebras)

19. La agencia Tass acusó al gobierno militar chileno de actuar en forma “salvaje”, de pisotear “las leyes y la Constitución de su país” y de mostrar una “inhumanidad bestial”, e hizo el pronóstico de que los sediciosos jamás podrían “lavar de sus uniformes de generales la sangre del dedicado hijo del pueblo chileno, Salvador Allende”. (Día 11: asesinar a Allende)

20. En círculos diplomáticos se ratificó el cálculo de tres mil civiles muertos en Santiago durante las primeras cuarenta y ocho horas siguientes al comienzo del golpe. (Chile: una traición al futuro)

21. Patricio Aylwin, presidente del Partido Demócrata Cristiano, se unió al coro simiesco, diciendo que las fuerzas armadas chilenas habían evitado un “autogolpe” fraguado por el presidente Allende. Y Pinochet mencionó la existencia de armamento “para asesinar a los militares”. Pero la paranoia del presidente de la junta militar (Pinochet) llegó a su apoteosis al asegurar que los partidarios del compañero presidente estaban matándose entre ellos mismos para “sembrar el terror y atribuir los crímenes a los militares”. (Día 11: asesinar a Allende)

22.Otra declaración de un profesor argentino preso en el Estadio Nacional, recopilado en el libro Testimonios: Chile, septiembre, 1973, citado en Excélsior del 4 de noviembre (de 1973), informa que “cerca del mediodía del 11 de septiembre, ya llegaba a mil el número de detenidos en el Estadio. Los militares trataban mal a todo el mundo, en forma especial a los extranjeros. Desde ese mismo momento se desencadenó el odio contra quienes no éramos chilenos. Se nos dijo que habíamos venido a degenerar la raza chilena. Recibíamos golpes y culatazos en todo el cuerpo. Cuando alguien caía, lo pateaban en el suelo. Entre los detenidos, que llegaban en forma incesante, había niños y ancianos. No había respeto alguno para nadie. No se discriminaba el castigo a pequeños o viejos”. (Día 11: asesinar a Allende)

23. Uno de los principales aspectos de las gravísimas violaciones de derechos humanos que se han producido en Chile durante estos últimos (tres) años es el de la desaparición de personas detenidas. Amnistía Internacional comenzó a recibir informes sobre desapariciones poco después del golpe de Estado militar de septiembre de 1973 (…). No se ha contado con explicaciones satisfactorias provenientes de las autoridades chilenas responsables… (Prisioneros desaparecidos en Chile)

24. En Suiza, el movimiento La Voz de la Infancia denunció que miles de niños, hijos de allendistas, fueron reprimidos salvajemente. Olaf Palme, primer ministro y secretario general del Partido Social Demócrata de Suecia acusó a las fuerzas armadas chilenas de ejercer “una brutalidad indignante contra el pueblo”. (Día 11: asesinar a Allende)

25. (…) Se han descubierto numerosos cuerpos en diferentes partes del país, en ríos, playas y quebradas. Estos cuerpos han exhibido (…) señales de mutilación, especialmente de dedos y manos, y muchos parecen haber sido atados con alambre. (Prisioneros desaparecidos en Chile)

26.“Supe que uno de los médicos que hizo la necropsia de Allende pudo constatar que su cuerpo tenía no menos de setenta impactos de bala.” (Día 11: asesinar a Allende)

27. Por encima de todo, el problema de las desapariciones afecta a tres sectores en especial: obreros, campesinos y estudiantes. Hay prisioneros desaparecidos en todas las categorías políticas que apoyaron al gobierno anterior: pero también hay entre los desaparecidos ciudadanos que no se inscribieron en ningún partido político. Muchos prisioneros desaparecidos tienen de veinte a treinta años de edad. Algunos son menores de edad, pero también han desaparecido personas ancianas. (Prisioneros desaparecidos en Chile)

28. El gobierno militar prohibió que las mujeres usaran pantalones y que los hombres llevaran el pelo largo. Esta prohibición fue revocada y puesta otra vez en práctica. La junta militar calificó esta medida de “gesto moralizador”. (Día 11: asesinar a Allende)

29. “El sacrificio no será en vano. Tengo la certeza que, por lo menos, habrá una sanción moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición…” (últimas palabras del presidente Allende el 11 de septiembre de 1973) (Allende. Cronología)

30. Le Monde observó que la Unidad Popular chilena fue “estrangulada desde el exterior y asfixiada desde el interior”. François Mitterrand, líder socialista francés, opinó que “la derecha y el capitalismo jamás aceptarán la voluntad popular”. (Día 11: asesinar a Allende)

¿De qué verdad estamos hablando?

La renuncia al Ejército del General Gonzalo Santelices, implicado en el caso de los civiles asesinados en Antofagasta en 1973, empieza a abrir el telón de la obra, más que a cerrarlo.

Invocar la verdad es peligroso. Como muchas otras veces, en el caso de la participación del entonces subteniente Santelices en los hechos previos y posteriores al asesinato de civiles indefensos por efectivos de la Caravana de la Muerte, que operó en octubre de 1973, comandada por el general Arellano, por órdenes expresas de Pinochet, la verdad es una moneda de varias caras.

Las dudas son numerosas: ¿las autoridades civiles y militares conocían los antecedentes antes de tramitar el ascenso de Santelices?, ¿es posible comparar la actuación de civiles, que se quiebran en la tortura y delatan a sus compañeros, con la conducta del ex oficial?, ¿hasta donde llegan los límites éticos y jurídicos de la obediencia militar?, ¿es legítimo ocultar la verdad durante 35 años?

Parece, por lo menos discutible, sostener que no ha “participado” en los hechos y se ha limitado a “obedecer”, quién saca de noche a los presos de la Cárcel, los lleva al desierto, presencia su sanguinaria ejecución, recoge los cadáveres y los lleva a la morgue, todo ello a los 21 años de edad y en pleno uso de la facultad de discernir.

Todo esto se ve agravado por la actitud desafiante de Santelices y la amplia cobertura y entrevistas de la prensa derechista, en apoyo al ex general. Pretende convertirse en víctima más que victimario, se compara con Sócrates y, llega al extremo de cuestionar, sin nombrarla, a la propia Presidenta Bachelet, en el ejercicio de su cargo de Presidenta, por su pasado político después del 73.

Por otro lado, las declaraciones del Secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Cristián Contreras, que en parte justifica a Santelices, le han puesto más fuego a la hoguera y han provocado un intenso debate en personeros religiosos y en las organizaciones de derechos Humanos.

Posición evangélica

Todo esto lleva al pastor de la iglesia cristiana, Francisco Saavedra, al teólogo Jaime Escobar a la Secretaria General de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira amanifestar su preocupación por la crisis de valores que está enfrentando el Ejército de Chile en casos relacionados a los temas de Derechos Humanos.

El Pastor Francisco Saavedra plantea:

“Es necesario saber si el Ejército de Chile, y nos dice el señor Santelices que es así, es una institución que obliga a sus miembros a disparar en contra de un ciudadano desarmado, inocente, en contra de una mujer embarazada y matarla porque les dan una orden.

¿Esto es el Ejército chileno? Son capaces de asesinar a una persona con solo recibir una orden y ni siquiera pueden pensar si esto está bien o mal. De ser así, sería una macabra institución, que me obliga sin cuestionarme a asesinar a alguien. Me pregunto si esa es la doctrina del Ejército. De ser así, estos caballeros estarían castrados mentalmente, ya que asesinan a un ser humano, sin ni siquiera pensarlo, sólo porque acatan una orden”.

Para Francisco Saavedra, la situación se torna más grave aún si se recuerda que hace un tiempo la propia institución armada mandó a todos los oficiales del Ejército que pusieran los antecedentes de los detenidos desaparecidos en la Mesa de Diálogo. “No escucharon esa orden”, afirma Saavedra, quién se muestra sorprendido, por las declaraciones del ex titular de defensa, Jaime Ravinet, quien dijo conocer de los antecedentes del General Santelices el año 2002.

A ese respecto Saavedra sentencia que “estos personeros no saben que la sangre de los miles de asesinados aún claman al Señor esperando justicia y qué en ese caso habría un silencio cómplice del propio gobierno.”

Finalmente, Francisco Saavedra hace un llamado al gobierno, a los militares y al mundo cristiano y religioso en general a no equivocarse cuando aparecen voces que satanizan a los movimientos sociales, a las manifestaciones populares y sobre manera cuando las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos convocan a sus actos y se les señala con el dedo como”gente molestosa, revoltosa y que son gente que anda puro metiendo bulla. No, eso no es así, la sangre de los detenidos desaparecidos aún hoy clama justicia, como dicen las escrituras”. Y señala que si “usted tiene un familiar entre las víctimas de la dictadura, jamás renuncie a saber la verdad, de lo contrario, sería un cobarde a la oportunidad de saber la verdad de lo que ocurrió”, concluye.

Blanquear a los responsables

El teólogo Jaime Escobar, editor de la revista “Reflexión y Liberación”, recalca que las declaraciones de apoyo hacia el General Santelices no tienen ningún apoyo jurídico, ético ni moral, porque “a una persona con discernimiento, que presencia cuando se ametralla por la espalda, cuando se usan los corvos y se cortan cuellos contra personas indefensas, no procede, bajo ningún punto de vista, aplicar el argumento de que este joven oficial recibía ordenes y no supo lo que hacía”.

Escobar llama a revisar una serie de documentos de la Iglesia Católica chilena, de la iglesia latinoamericana, incluso encíclicas papales en que se señala que bajo ningún concepto “un católico puede de alguna forma justificar hechos criminales catalogados como genocidios que fue lo que sucedió, como por ejemplo, en la caravana de la muerte”.

Respecto a la tesis de que muchas de las personas que fueron asesinadas lo fueron por delación de sus propios compañeros, Escobar sostiene:

“Esta es una afirmación tan temeraria como reprochable. Temeraria porque esa afirmación ha sido tomada por quienes cometieron crímenes y por quienes lo avalaron, como una forma de equilibrar las cosas, de disminuir el impacto del crimen y eso a la luz de un cristiano, de una persona de buena voluntad y a la luz del evangelio es absolutamente inaceptable”.

Cabe señalar que el propio Cardenal Raúl Silva Henríquez en un documento de 1986, titulado: “Iglesia Servidora de la Vida”, dice específicamente que la iglesia no puede aceptar el genocidio.

Para Alicia Lira, Secretaria General de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, “defender a personas involucradas en crímenes, es atentatorio hacia las víctimas, hacia los familiares, ya que el daño continúa en la espera de verdad, en la espera de sepultar a nuestros muertos.. Por lo tanto nos parece vejatorio la forma como se intenta blanquear a los responsables. Aquí hay una campaña de blanqueo a los responsables, que inclusive vienen en relación a otros casos”.

La Agrupación de Ejecutados Políticos sentencia que es muy grave poner en una misma línea a los asesinos y las víctimas, “ya que a éstos, a través de la tortura, a través de falsos fusilamientos, encierro e incomunicación por meses, les quebraron su voluntad y los hicieron que entregaran nombres.”

La dirigente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos fue enfática:

“ Es un grave error comparar a los torturadores, asesinos, con aquellos que a través del horror y del sacrificio humano entregaron nombres. Me pregunto qué es necesario hacer en el caso del padre Joan Alsina, de Andrés Jarlan, del padre Miguel Woodward, asesinado en la Esmeralda. Hay que apoyar a los familiares, a las organizaciones de Derechos Humanos. Nosotros no tenemos odiosidad, sólo queremos verdad y justicia”.

Por Fernando Barraza

CIA

La CIA, cerca de ser sólo cenizas

 Por Tomás Eloy Martínez

Nadie sabe cuánto daño le han hecho a la paz del mundo los agentes y directores de la CIA. Sin duda, más del que se sabe, pero menos del que se llegará a saber cuando se debilite la omnipotencia con que dispuso de vidas humanas y gobiernos cómplices en todos los continentes, desde que Harry Truman la fundó, en 1947.

La CIA ha encendido la imaginación de incontables libretistas de Hollywood y de novelistas de toda laya, algunos meros comerciantes afortunados, como Tom Clancy y Robert Ludlum, y otros verdaderamente grandes, como Graham Greene y John Le Carré. También desató la paranoia de panfletistas sin información y de políticos oportunistas. De cada brote de miedo, la CIA obtuvo beneficios que le permitieron comprar más conciencias, sumirse en más pantanos de corrupción e imponer dictaduras indignas en países que estaban levantando cabeza. Todos esos secretos, que se mantuvieron bajo una llave envenenada durante más de seis décadas, acaban de salir a la luz en un libro tan abrumador como escalofriante: Legacy of Ashes. The History of the CIA (Legado de cenizas. La historia de la CIA).

El autor es Tim Weiner, corresponsal en Washington de The New York Times y quizás el mejor dotado de los periodistas norteamericanos en temas de inteligencia. Ya había ganado un Pulitzer en 1988. Sabe tanto del tema, que la CIA debió de haber hecho lo imposible para evitar que se publicara este libro.

Es una novela tan apasionante como verdadera. En conjunto, Weiner revela que la arrogancia, la inepcia y el desdén por el mundo de unos dos mil agentes –asistidos por un número impreciso de empleados: por lo menos 20 mil– indujeron a 11 presidentes de EE.UU. a tomar decisiones equivocadas, involucrarse en conspiraciones delirantes y arrastrar a la muerte a cientos de miles de personas en Asia, África, Europa y América latina. La CIA merece mucha de la pésima reputación que se ha ganado en el mundo, pero no toda. Algunos de los altos dirigentes de Washington han ganado también un sitio en el cuadro de honor –o deshonor– por haber creído en mentiras evidentes que convenían a sus intereses.

Los tiempos han ido desplazando la brújula de esos intereses. El primer fantasma contra el que se combatió fue el poderío bélico de la Unión Soviética, que desnudó su fragilidad al caer el Muro de Berlín, justo cuando la Agencia asustaba a Ronald Reagan con el cuento de una fortaleza política y una expansión económica crecientes. Luego, se agitó el espantajo de la expansión comunista en África y América latina, lo que impidió una política de diálogo y buena voluntad entre Estados Unidos y el Congo de Patrice Lumumba, la Guatemala de Jacobo Arbenz y el Chile de Salvador Allende. Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, el terrorismo fundamentalista, último de los fantasmas adversarios, se ha vuelto tan difícil de investigar y de infiltrar, que el poder de la CIA ha ido pasando a manos del Pentágono y de corporaciones de ex agentes clandestinos.

El terrorismo islámico y el desconcierto del gobierno harían que la Agencia recomendara los interrogatorios con tortura y el aislamiento de los sospechosos. Weiner explica que la degradación sobrevino desde que las operaciones encubiertas de la Agencia se hicieron con el asesoramiento de agentes educados por instructores nazis y fascistas sin escrúpulos, algunos de los cuales eran también maestros en una escuela situada en Los Fresnos, Texas, de la que salieron los escuadrones de la muerte que asolaron Honduras y El Salvador.

De todos los directores de la CIA, uno de los pocos cuya integridad defiende Tim Weiner es Richard Helms, el agente al que John y Robert Kennedy responsabilizaron por el fracaso de la invasión a Playa Girón. En 1962 circulaban por los pasillos de la Casa Blanca los más disparatados planes para liquidar a Castro. A Helms no le gustaba ninguno. Pensaba que un crimen político en tiempos de paz era una intolerable aberración moral. “Si empiezas asesinando a un líder extranjero”, diría Helms, “¿por qué los de afuera no tendrían derecho a matar también a uno de tus propios líderes?”.

Uno de los fiascos más desastrosos de la Agencia fue haber convencido al gobierno de George W. Bush de que el gobierno de Saddam Hussein estaba fabricando armas químicas y nucleares de destrucción masiva. Todas las evidencias contrariaban esa hipótesis, pero los asesores de Bush no necesitaban argumentos. Ya estaban seguros de que las cosas eran así. El presidente tenía a Hussein entre ceja y ceja desde que la CIA le atribuyó un complot para asesinar a su familia en 1993. En abril de ese año, Bush padre –el ex presidente– viajó con su esposa y dos de sus hijos a Kuwait, para conmemorar la victoria en la Guerra del Golfo. La policía secreta kuwaití arrestó a 17 hombres y los acusó de tramar la muerte de los Bush con una bomba plástica de 90 kilos que estaba escondida en el vehículo que los llevaba. Los supuestos conspiradores declararon bajo tortura que la inteligencia iraquí había tramado el crimen, y los técnicos de la CIA confirmaron que la bomba había sido armada por soldados de Hussein.

Lo que no verificaron esos expertos era que la banda de conspiradores no estaba integrada por fanáticos del dictador de Bagdad, sino por traficantes de hashish, contrabandistas de whisky y veteranos de guerra mercenarios. Bush hijo creyó en la versión de la CIA y nunca le perdonó a Hussein el atentado.

Si la Agencia muere derrotada por sistemas de computación que se cuelan en todas partes y son de una eficacia insuperable en la conspiración y el espionaje, pocos seres humanos van a lamentarlo. La excepción serán, sin duda, los 20 mil empleados que trabajan en la central de Langley, Virginia –y los desamparados libretistas de Hollywood–.