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Los Imperdonables

Diez civiles clave del régimen que torturó al menos a 28 mil chilenos

Ninguno de ellos colocó un cátodo de electricidad o introdujo ratones en los cuerpos de algunos de los miles de prisioneros torturados. Ni siquiera los golpearon. Pero como lo reconoció el general Juan Emilio Cheyre, en esto hubo una responsabilidad institucional, que por cierto va más allá de los uniformados. Fue un entramado político, jurídico y comunicacional que dio sustento al régimen militar, tal como lo consigna el informe sobre Prisión Política y Tortura. Estos hombres no vistieron uniforme, pero sí se pusieron la camiseta para avalar estos horrores. Algunos dicen que no sabían, que fueron engañados y que incluso ayudaron para que estos hechos no siguieran ocurriendo. El 76 por ciento de los consultados por la Fundación Futuro cree que sí sabían. El 84 por ciento estima que deben pedir perdón. Y usted ¿qué cree?

AGUSTíN EDWARDS

Los atentados y restricciones a la libertad de expresión durante la dictadura fueron los más duros y extensos en la historia de Chile. Desde el mismo día del golpe se cerraron y se expropiaron medios. Centenares de periodistas debieron salir al exilio. Decenas fueron detenidos y torturados y algunos hasta asesinados, como el editor de Análisis José Carrasco.

Sin embargo, los medios que subsistieron -El Mercurio, La Tercera, Qué Pasa, Ercilla y La Nación- nada dijeron al respecto, salvo para justificar los hechos en toda su dimensión. De ahí que el Informe sobre Prisión Política y Tortura sostenga que los medios de comunicación durante la dictadura “constituyeron un soporte cotidiano del gobierno”.

Como caso emblemático, el informe reproduce un editorial de El Mercurio del 5 de octubre de 1973, en el cual se afirma que la actuación de los servicios de seguridad estaba “plenamente justificada” porque el país se encontraba en guerra. También alude a un editorial de Las Ultimas Noticias, de abril de 1978, en el que se celebraba el “buen criterio, ponderación y responsabilidad” con que actuaba el régimen.

El informe no lo incluye, pero resulta memorable también un titular de La Segunda, de junio de 1975, que dio cuenta de la muerte de 119 chilenos que a esa fecha figuraban en las listas de detenidos desaparecidos: “Miristas se matan como ratas”. Sobre el mismo caso, hoy conocido como Operación Colombo, El Mercurio publicó que “estos seudo detenidos o secuestrados son transportados a Argentina a fin de que se incorporen a movimientos guerrilleros y, tras recibir adiestramiento, son retornados a Chile”.

Todos estos medios estaban en las manos y bajo la atenta mirada de su dueño, Agustín Edwards Eastman. El ‘Duny’, como le llaman sus cercanos, no ha hecho ningún gesto de arrepentimiento.

La Tercera también hizo lo suyo y reprodujo esta noticia tal y como la presentó la DINA en sus comunicados. Incluso fue más allá. Sostuvo que el hallazgo de los cadáveres “ponía en descubierto las burdas maniobras con que los elementos de izquierda se preparaban para esperar a la llamada Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, agregando que Amnesty International “no tendrá otra cosa que borrar sus nombres de la lista de personas desaparecidas en Chile”. El director de La Tercera a esa fecha era Alberto Guerrero.

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JAIME GUZMÁN

El asesinado senador fue de los primeros civiles en ponerse a disposición de los militares. No ejerció cargo de autoridad en el gobierno, pero operó en las sombras; al principio, como principal asesor y consejero de la Junta Militar y de Pinochet -a quien incluso le escribía sus discursos- y, tiempo después, como miembro de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución y luego de la Comisión de Estudios de Leyes Orgánicas Constitucionales, que dieron sustento jurídico al régimen.

Sólo días después del golpe de Estado, en una de sus primeras minutas a la Junta, Guzmán marcaba la pauta de la brutalidad con que actuaron los servicios de seguridad: “El éxito de la Junta está directamente ligado a su dureza y energía, que el país espera y aplaude. Todo complejo o vacilación a este propósito será nefasto. El país sabe que afronta una dictadura y lo acepta… Transformar la dictadura en dicta-blanda sería un error de consecuencias imprevisibles”.

El fundador del gremialismo y miembro de Patria y Libertad (entre 1970 y 1972), tenía en mente desde los inicios del régimen la creación del movimiento que en 1983 se convirtió en la UDI, un partido a la medida del régimen. De hecho él mismo lo definió como “un nuevo movimiento cívico-militar que respalde a la Junta y dé prolongación fecunda y duradera a su gestión”, cuando propuso su creación, en otro memorando a la Junta fechado en octubre de 1973. Tiempo después, en 1978, los gremialistas se declararon abiertamente pinochetistas.

Fue así que el gremialismo -y UDI después- se levantó como el principal grupo de poder de la dictadura. La historia se encarga de confirmarlo. Los nueve senadores de la UDI en ejercicio fueron funcionarios de Pinochet y la mayoría de sus diputados fueron alcaldes designados o directivos de la Secretaría Nacional de la Juventud. Todos los presidentes que la UDI ha tenido fueron también funcionarios del régimen: Julio Dittborn fue director de Pro Chile, director de la Refinería de Con Con y subdirector de Odeplan, Jovino Novoa fue subsecretario de Gobierno y Pablo Longueira fue asesor del ministerio de Vivienda y Urbanismo.

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JOVINO NOVOA

Después de conocer el Informe Valech, Jovino Novoa dijo que los civiles que cumplieron funciones en la dictadura no tenían causa, razón o motivo para sentirse avergonzados o arrepentidos. “La participación de los civiles significó una mejoría notable en la situación de los derechos humanos”, sostuvo, refiriéndose a la “civilización” del régimen iniciada en 1978, cuando la DINA fue reemplazada por la CNI y asumió el ministerio del Interior el hoy senador por la UDI Sergio Fernández. Mérito que también le correspondería, porque él entró al gobierno militar en junio de 1979.

Pero si bien el Informe Valech sostiene una baja numérica de las prácticas de tortura después de esa fecha, igualmente consigna que de ahí en adelante el sistema de violación de los derechos humanos “se caracterizó por un mayor refinamiento”, tanto en el uso de instrumentos jurídicos que facilitaron la tortura como en el empleo de aparatos más sofisticados, que permitían graduar el voltaje de la electricidad que aplicaba a las víctimas.

“La autorización para mantener incomunicados a los detenidos por largos períodos …favorecía la aplicación de torturas”, afirma el informe. Y esas autorizaciones venían del Ejecutivo en el que Novoa participaba.

Mientras Novoa fue subsecretario General de Gobierno, en esas dependencias se planeó el asesinato de Tucapel Jiménez. Y, según afirmó el hijo del sindicalista a LND, Novoa fue quien “dio la orden de perseguir y amedrentar” a su padre. El crimen lo ejecutaron miembros de la Secretaría Nacional de los Gremios, que estaba a su cargo. Los tribunales no encontraron razones para juzgar a Novoa.

Además del control de la Secretaría de los Gremios, la Segegob tenía a su cargo la Secretaría Nacional de la Mujer y de la Juventud y la movilización de civiles para los actos del régimen. También le correspondía ejercer el control de los medios de comunicación, que incluía el nombramiento de ejecutivos y directores en TVN y La Nación, la censura previa ejercida por Dinacos y la implementación de la política comunicacional.

Al término de sus servicios en el aparato de gobierno, Novoa asumió como jefe de servicios informativos de El Mercurio.

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RICARDO GARCÍA

Ricardo García Rodríguez reemplazó a Sergio Onofre Jarpa en el ministerio del Interior en febrero de 1985, implementando una política aún más dura que la de su antecesor. Debutó en el cargo con el caso degollados, ocurrido en marzo del mismo año, que terminó con tres profesionales comunistas muertos y abandonados en un camino en Quilicura y determinó la salida de la Junta Militar del director general de Carabineros César Mendoza. Al mes siguiente fue secuestrada la sicóloga Carmen Andrea Hales, hija del ex ministro de Minería Alejando Hales y hermana del diputado Patricio Hales.

En julio de 1986, durante la represión de una protesta, son quemados vivos los jóvenes Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri, quien fallece a consecuencia de las lesiones.

Tras el atentado contra Pinochet, en septiembre de ese mismo año, García decreta el estado de sitio. La medida se tradujo en allanamientos masivos y diversas operaciones en toda la Región Metropolitana, con más de un centenar de detenidos; entre ellos, el ahora Presidente Ricardo Lagos, el actual diputado Patricio Hales, el ex ministro Germán Correa, entonces dirigente del MDP, y el sacerdote Rafael Maroto. Simultáneamente decretó el cierre de las revistas Análisis, Apsi, Hoy, Cauce y La Bicicleta, del diario Fortín Mapocho y las agencias Ansa, Reuter y Latín Reuter.

En la madrugada del 9 de septiembre fueron detenidos en sus domicilios el editor internacional de Análisis José Carrasco, el electricista Felipe Rivera, el publicista Abraham Muskatblic y Gastón Vidaurrázaga. Al día siguiente aparecieron los cuerpos de los cuatro infortunados, con 15 balazos cada uno.

En 1987, poco antes de abandonar el cargo, Ricardo García firma el requerimiento en contra del dirigente socialista Clodomiro Almeyda.

Su hermano, Juan Ignacio García, fue designado director del Servicio Electoral cargo que desempeña hasta hoy.

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CURA HASBÚN

Entre las víctimas de la dictadura se cuentan cuatro sacerdotes asesinados: Miguel Woodward, Juan Alsina, Gerardo Poblete y André Jarlán. Otro, Antonio Llidó, engrosó las listas de los desaparecidos tras ser detenido por la DINA en 1974. Decenas de curas y monjas sufrieron tortura en centros de detención y centenares debieron abandonar el país con órdenes de expulsión.

Mientras todo esto ocurría, Hasbún se dedicaba a dar sus opiniones por las pantallas de canal 13, en las páginas de El Mercurio y en radio Agricultura. Desde allí apoyó y alentó a las fuerzas de seguridad y al régimen en general. También fue un ferviente defensor de Colonia Dignidad. El Informe Valech señala que “hubo testimonios que coincidieron en señalar que algunos detenidos por la DINA o la CNI fueron trasladados a la Colonia Dignidad. Ex detenidos la mencionan como centro de detención y tortura”.

Hasbún sostuvo en su oportunidad que Chile debía estar “agradecido” de la DINA, que el sufrimiento de Pinochet en Londres era similar al de Jesucristo y que el juez Garzón era un “sinvergüenza”. En una de sus últimas intervenciones en Canal 13, dijo que los socialistas son “intrínsecamente antipatrias” y “parásitos que profitan chupando la sangre ajena”. Hoy sigue haciendo de las suyas en las pantallas del Mega, el canal de Ricardo Claro.

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SERGIO ONOFRE JARPA

Sergio Onofre Jarpa es uno de los 39 extraditables del juez Garzón. Este fundador de RN y ex presidente del partido fue delegado del régimen ante la ONU en 1974, embajador en Colombia y en Argentina y ministro del Interior entre 1983 y 1985. Su misión en esta cartera fue encabezar la apertura, la transición que terminaría por entregar el gobierno a la civilidad. En ese contexto inició el diálogo con la opositora Alianza Democrática, bajo los oficios del cardenal Juan Francisco Fresno. Pero ello no detuvo la ola de violencia política, todo lo contrario.

A sólo un día de haber asumido, el 11 de mayo de 1983, sacó 10 mil soldados a la calle para hacer frente a la primera protesta nacional. Hubo decenas de muertos y centenares de heridos, especialmente en las poblaciones más populares.

Su mandato estuvo lleno de hitos en la violación de los derechos humanos. La comisión Rettig consignó decenas de muertes a manos de los servicios de seguridad durante su período, algunas en acciones concertadas. Como la ocurrida el 7 de septiembre del mismo año, cuando la CNI ejecutó a cinco miristas en calle Fuenteovejuna y Janequeo. En este proceso, Jarpa declaró como inculpado. El 11 de noviembre de 1983, Sebastián Acevedo se quemó a lo bonzo en la plaza de Concepción, como una manera desesperada de exigir que la CNI liberara a sus dos hijos que estaban siendo torturados en recintos secretos. El hecho dio pie para la creación del Movimiento Nacional Contra la Tortura Sebastián Acevedo, que quiso oponer la no violencia a la brutalidad del régimen. Sus miembros fueron violentamente reprimidos en cada una de sus manifestaciones, no sólo por carabineros, sino también por los memorables “gurkas”, civiles que se infiltraban entre los manifestantes y que hicieron su debut con Jarpa.

En agosto de 1984, tuvo lugar otro operativo simultáneo de la CNI en varias ciudades del sur, que dejó 7 miristas muertos.

Mientras Jarpa estuvo en Interior, se creó también la Dicomcar, el aparato de inteligencia de Carabineros, que operó impunemente durante este período, igual que el Comando de Vengadores de Mártires, Covema.

Jarpa tampoco trepidó en aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado para clausurar medios y aplicar una férrea censura a otros, que terminó con ediciones de revista Hoy, Apsi y Análisis con páginas en blanco. Las detenciones, amedrentamientos, golpizas y relegaciones de periodistas se hicieron cotidianas.

Jarpa dejó su cargo en medio del Estado de Sitio.

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AMBROSIO RODRÍGUEZ

El ahora presidente del Tribunal Supremo de RN, Ambrosio Rodríguez, comenzó sus servicios a la dictadura como encargado de los sumarios a los profesores de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, recién acaecido el golpe de Estado. Por esa vía expulsó al 80 por ciento de los docentes, aduciendo que impartían marxismo en sus clases.

En 1977 tuvo una oscura participación, en calidad de abogado de la familia, en la desaparición en Argentina del matrimonio chileno integrado por Jacobo Stoulman y Matilde Pessa. Pese a ser citado a declarar en varias oportunidades en este caso, nunca se presentó ante tribunales.

A poco andar se transformó en asesor jurídico del ministerio del Interior y, en esa calidad, en 1978, declaró a la prensa que “los supuestos desaparecidos” estaban viviendo en el extranjero con identidades falsas. En el mismo cargo, en 1980 representó al gobierno militar en la vista del recurso de amparo que buscaba dejar sin efecto la expulsión del país del DC Jaime Castillo Velasco, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Y ganó la contienda.

Años después se le inventó el cargo de Procurador General de la República para darle más prestancia. Allí estaba cuando, en 1988, se ejecutó la Operación Albania, que terminó con 12 miembros del FPMR muertos a manos de la CNI. Para validar la tesis del enfrentamiento, que luego los tribunales se encargaron de desvirtuar, Rodríguez aseguró que todo se había hecho en presencia de un juez y un fiscal.

Tras el término de la dictadura, Rodríguez ha complementado sus actividades políticas con el ejercicio de su profesión de abogado, en la defensa de Augusto Pinochet, en Londres y Santiago; del ex director de la CNI Humberto Gordon; de los procesados en el Caso Degollados; de Augusto Pinochet junior en el caso Pinocheques; y en la mismísima Operación Albania.

También asumió la defensa del ex ministro de la Corte Suprema Hernán Cereceda Bravo, destituido por el Senado “por notable abandono de deberes” en el caso de Alfonso Chanfreau, desaparecido en 1974.

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MANFREDO MAYOL

Manfredo Mayol es en la actualidad uno de los samuráis de Lavín, encargado del manejo comunicacional de su candidatura. Misma función que cumple en la UDI, en donde ha tenido una importante participación en el manejo del caso Spiniak. En mayo de este año, tras la salida de Longueira de la presidencia del partido, Mayol obtuvo la primera mayoría como integrante de la nueva comisión política de la colectividad.

En tiempos de dictadura, Mayol fue vicepresidente de Radio Minería, director de Ercilla y ejecutivo de canal 13 y TVN. Para el golpe, Mayol era subeditor de prensa en canal 13 y el sacerdote Raúl Hasbún el director del medio. Cuando Hasbún dejó el cargo, en marzo de 1974, Mayol ascendió a editor. En 1978, para la consulta, era gerente de TVN.

Para el plebiscito del 88, era asesor del subsecretario de gobierno, coronel Alfonso Rivas, y fue uno de los convocados por el ministro del Interior Sergio Fernández para mejorar la franja del Sí, después que su primera edición alterara los ánimos de los pinochetistas. Fue uno de los creativos que puso a la ex esposa de Ricardo Lagos en la pantalla haciendo íntimas y duras críticas a su ex cónyuge. Lejos de repuntar, la franja del Sí perdió más adherentes.

A Mayol se le atribuye también la autoría de varios tongos comunicacionales ideados para distraer la atención pública de los hechos que ocurrían en el país. Uno de ellos es el exagerado despliegue de prensa para el paso del cometa Halley, que finalmente casi nadie vio. Otro, más ambicioso, fue en las apariciones de la virgen en Villa Alemana entre junio de 1983 y mediados de 1988, cuando las protestas contra el régimen ardían.

El compromiso de Mayol con el régimen fue más allá de su desempeño profesional como publicista. Mayol integró el Frente Juvenil que surgió como un movimiento de apoyo al régimen en la ceremonia de Chacarillas, en julio de 1977, y mantuvo estrechos vínculos con agentes de seguridad. De hecho, la propia defensa de Alvaro Corbalán Castilla, en el caso Operación Albania, aportó a tribunales la nómina de vistas registradas en su residencia la noche anterior a cometerse el crimen. Entre ellas estaba Manfredo Mayol.

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RICARDO CLARO

Ricardo Claro se integró al gobierno militar como asesor del canciller, contraalmirante Ismael Huerta, el 12 de septiembre de 1973. Días después acompañó a Huerta a Washington en lo que sería la primera intervención del régimen ante la Asamblea de la ONU. Su función fue bien específica: conseguir recursos económicos para el gobierno militar.

Para la realización de la sexta asamblea de OEA, en Santiago en 1976, Claro fue designado coordinador general del encuentro. Las violaciones de los derechos humanos fueron tema obligado y los esfuerzos de Pinochet y sus funcionarios dieron sus frutos: la resolución final hizo una tibia censura que El Mercurio transformó en apoyo total. El entonces presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Jaime Castillo Velasco, y Andrés Zaldívar se las ingeniaron para hacer llegar a los delegados algunos documentos que denunciaban las muertes, desapariciones y torturas. Ricardo Claro los acusó de traidores y el régimen dispuso la expulsión de Castillo y la prohibición de ingreso de Zaldívar. Claro también estuvo presente en la reunión que Pinochet sostuvo con Henry Kissinger en aquella ocasión.

A Claro también se le ha vinculado en la detención y desaparición de un grupo de trabajadores de Elecmetal, empresa de su propiedad. Según ha relatado Mario Fernández, hermano de dos de las víctimas y ex trabajador de esa compañía, él mismo presenció cómo ellos fueron citados a la oficina de la gerencia por el interventor militar Patricio Altamirano, el gerente Gustavo Ross y el director, Fernán Gazmuri, para ser entregados a carabineros.

Hace un par de años Claro fue funado en las puertas de Megavisión. Los manifestantes aseguraron que Claro puso a disposición de las fuerzas de seguridad dos barcos de otra de sus empresas, la Compañía Sudamericana de Vapores, para ser usados como centros de detención y tortura. Uno de ellos, el Maipo, trasladó a 380 detenidos desde Valparaíso hasta Pisagua. Muchos de sus “pasajeros” perdieron la vida. El otro, el Lebu, cumplió el rol de cárcel flotante y más de dos mil personas pasaron por sus bodegas y camarotes.

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SERGIO DIEZ

El ahora presidente de RN fue delegado ante la Tercera Comisión de la Asamblea General ONU en 1975. Allí le tocó dar explicaciones por más de un centenar de chilenos que figuraban como detenidos desaparecidos en listas elaboradas por organismos de derechos humanos.

En su impecable labor presentó documentos para desmentir las acusaciones. Entre ellos, falsos certificados de autopsia emitidos por el Instituto Médico Legal que indicaban la muerte en enfrentamiento de algunas de las víctimas. En otros casos mostró certificados del Registro Civil que afirmaban que algunos “no tenían existencia legal en Chile”.

La tienda de Diez tampoco está exenta de responsabilidad, pese a que a sus dirigentes les fascina sostener lo contrario, argumentando la “juventud” del partido. RN nació en plena dictadura. Su antecesor directo, el Movimiento de Unidad Nacional (MUN), encabezado por Andrés Allamand, fue digitado desde el gobierno en 1983 por el entonces ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa. La fundación de RN, en 1987, reunió al MUN con la UDI y el Frente Nacional del Trabajo, fundado por Jarpa cuando abandonó el gobierno, en 1985. Esta unidad se quebraría recién en 1988, cuando el plebiscito estaba ad portas.

Sus principales figuran tampoco nacieron ayer. De los siete senadores que hoy tiene RN, sólo Alberto Espina no participó en el régimen militar. Carlos Cantero fue alcalde designado; Mario Ríos Santander fue subsecretario general de Gobierno, director del área de salud de la Corporación Nacional de Desarrollo Social, asesor de los ministros de Salud y Hacienda, presidente de Chile Films y alcalde designado; Antonio Horvath fue director de Vialidad en Aysén y luego seremi de Obras Públicas; Baldo Prokurica fue intendente subrogante y gobernador; José García Ruminot fue seremi de Gobierno, jefe del Departamento Social de la Intendencia y alcalde designado; y Sergio Romero fue subsecretario de Agricultura.

Más de la mitad de sus diputados también tuvo cargos en el gobierno militar. Entre ellos, Alberto Cardemil, quien fue asesor del Ministerio de Agricultura, vicepresidente ejecutivo de Indap, representante del gobierno militar ante misiones especiales, subsecretario de Agricultura subrogante y subsecretario del Interior.

Tercera Vía

Tercera Vía es el nombre que se ha dado a una variedad de aproximaciones teóricas y propuestas políticas que, en general, sugieren un sistema económico de economía mixta y el Centrismo o reformismo como ideología de gobierno. En la practica política, estas posiciones rechazan la validez absoluta de las filosofías tanto del laissez faire como del mercado totalmente controlado del Marxismo-Leninismo; promueven la profundización de la democracia y enfatizan el desarrollo tecnológico, la educación y los mecanismos de competencia regulada a fin de obtener progreso, desarrollo económico, social y otros objetivos sociales

Las filosofías de la Tercera Vía han sido a menudo descritas como una síntesis del capitalismo y el socialismo por algunos de sus proponentes.

Dado que el término no se define específicamente, se puede hablar de terceras vías en el sentido amplio o en el más estricto de la palabra. La diferencia estaría en que el sentido amplio incorporaría cualquier proposición que buscara obtener o mantener una posición equidistante tanto del socialismo como del capitalismo, a través ya sea de una economía mixta o políticas que rechacen esas percepciones extremas. Sin embargo, no todas esas alternativas pueden ser catalogadas como progresivas sino también algunas deben ser definidas como fuerte o abiertamente reaccionarias.

Consecuentemente, el análisis político moderno hace notar que la Tercera Vía no debe confundirse con el concepto Tercera posición o tercerposicionismo, que es como se autodefinen los movimientos de orientación fascista o neofascista, los que se consideran opuestos tanto al capitalismo como al comunismo y no admiten su posicionamiento en el espectro político izquierda-derecha. La Tercera Vía se suele calificar, por el contrario, de centrista. El termino Tercera Vía se reserva para aquellas posiciones que, advocando intervención estatal en la economía, enfatizan su preferencia por la democracia como sistema de gobierno . No obstante, algunos críticos de la Tercera Vía han utilizado ese paralelismo de terminología.

En la práctica política, los proponentes de la Tercera Vía en su sentido estricto van desde muchos que apoyan la socialdemocracia a aquellos que apoyan el liberalismo progresista; incluiría también aquellos que proponen la Economía social de mercado, proyecto que busca explícitamente ser un punto medio entre el liberalismo y la socialdemocracia.

Ruiz contra política de inmigración de Unión Europea

Ayer terminó el foro bicentenario “Migración, integración e identidad. Miradas de idas y de vueltas. Sudamérica-Europa” y el cineasta chileno Raúl Ruiz no escondió su pesimismo frente al endurecimiento de las políticas migratorias recientemente aprobadas por la Unión Europea (UE). “Es el cierre de Europa”, sintetizó el director de “El tiempo recobrado”, que lleva décadas radicado en Francia

Dichas políticas estipulan, entre otras cosas, que los inmigrantes sin papeles que sean detenidos en suelo europeo podrán pasar hasta 18 meses retenidos en centros de internamiento mientras se tramita su expulsión y que una vez fuera no podrán volver a la UE en cinco años.

El cineasta además recordó que los controles de fronteras son humillantes y la presunción de culpabilidad es permanente. “Se transforma en un hecho trágico el que la policía española, por ejemplo, siendo mal pagada, de un trasfondo fascista, profundamente xenófoba, se aproveche de esto para gozar humillando exiliados”.

Cómo EE UU planeó el golpe contra Allende desde 1970

Diez días después del golpe contra Allende, Richard Nixon designa a Henry Kissinger secretario de Estado. Asumió su cargo al día siguiente. Menos de un mes después, el 16 de octubre, Kissinger fue honrado con el Premio Nobel de la Paz.

El golpe militar que el 11 de setiembre de 1973 derrocó en Chile al presidente constitucional Salvador Allende y provocó un baño de sangre en ese país, fue decidido y planificado tres años antes, en 1970 y pocos días después de que la Unidad Popular resultara victoriosa en las elecciones celebradas el 4 de setiembre de ese año.

El entonces presidente estadounidense Richard Nixon y quien era su consejero de seguridad nacional, Henry Kissinger, luego secretario de Estado, intervinieron personalmente en la planificación del golpe contra Allende. Primero, intentaron forzar un pronunciamiento militar inmediatamente después de las elecciones y antes del 24 de octubre de 1970, el día en el que la elección de Allende debía ser ratificada por el Congreso chileno, dado que Allende no había obtenido en las elecciones la mayoría de los votos.

El plan fracasó. Luego decidieron que Allende fuese derrocado por un golpe (sin fecha fija) y trazaron un plan que incluyó, entre otras medidas, acciones secretas de la CIA en Chile, un cuidadoso ahogo de la economía chilena, un programa de asistencia y desarrollo militar a los países vecinos de Chile, entre ellos la Argentina, un apoyo manifiesto, aunque en las sombras, a los opositores de Allende y una campaña de propaganda persistente sobre supuestas restricciones a las libertades individuales y debilidad del régimen de Allende.

El golpe militar de setiembre de 1973, encabezado por el general Augusto Pinochet, terminó con la muerte de Allende en el Palacio de la Moneda, asaeteado con absoluta precisión por cohetes disparados por aviones de la Fuerza Aérea, y desató una ola de asesinatos y violaciones a los derechos humanos por los que Pinochet nunca fue sentenciado, quedando impunes todos sus crímenes.

La participación directa de Nixon y Kissinger en el golpe contra Allende quedó revelada cuando el gobierno norteamericano liberó del secreto a una serie de documentos a los que tuvo acceso Zona. Ya el 15 de setiembre de 1970, once días después del triunfo electoral de Allende, Nixon estaba fuera de sí. El presidente estadounidense había criticado durante diez años a sus rivales demócratas por permitir que se instalara un régimen comunista en Cuba, y ahora lo que él percibía -correctamente- como otra Cuba, había surgido a la vida durante su propia administración. Esa misma tarde, Nixon se reunió con Kissinger, con el director de la CIA, Richard Helms y con el secretario de Justicia, John Mitchell. Nixon le dijo a Helms que pretendía un mayor esfuerzo de la CIA para ver qué podría hacerse para evitar que Allende llegara al poder. Si hubiera una oportunidad en diez de librarnos de Allende, deberíamos probarla: si Helms necesitaba los millones, él los aprobaría.

El programa de ayuda a Chile sería interrumpido; su economía debía ser exprimida hasta que gritase. La conversación no era sino la prolongación de un pedido que el gobierno de los Estados Unidos había hecho el 8 de setiembre, cuatro días después del triunfo de Allende, a su embajador en Santiago, Edward Korry, para que preparara una evaluación a sangre fría de la posibilidad y probabilidad de un golpe militar y de los pros y contras involucrados en la organización de una futura y efectiva oposición chilena a Allende.

Aunque resulte curioso, todo lo anterior está narrado con candoroso cinismo por el propio Kissinger en su voluminosa obra Mis memorias, editadas ya hace casi veinte años en el país (Editorial Atlántida, 1979).

La confesión de Kissinger es la que abre camino a los documentos que permanecieron secretos durante veinticinco años y que revelan el drama de Chile, no demasiado diferente al de tantos países de América latina en los violentos años 70.

El primero de los documentos es precisamente un largo lamento del embajador americano en Santiago, cuando aún no había terminado el escrutinio chileno. Allende había confrontado con Radomiro Tomic, de la Democracia Cristiana y con Jorge Alessandri, del conservador Partido Nacional.

Edward Korry había llegado a la diplomacia tras ser nombrado embajador por John Kennedy. En 1967 llegó a Santiago de Chile y tres años después parecía conocer la sociedad chilena a la perfección. Además, tenía buena pluma, un hondo rencor y estaba aterrado ante el advenimiento de un gobierno izquierdista en Chile. Su documento Confidencial 747 dirigido al secretario de Estado de Nixon, William Rogers, dice: Chile votó con toda tranquilidad tener un estado marxista leninista. Es la primera nación en el mundo que hace esta elección libremente y a conciencia. El doctor Salvador Allende confirmó la sabiduría de la política soviética en América latina criticando la táctica revolucionaria de su modelo, Fidel Castro, al llegar al poder por la vía electoral (…) No hay ningún motivo para pensar que las fuerzas armadas chilenas puedan desencadenar una guerra civil o que algún otro milagro vuelva atrás su triunfo. (…) Más allá de que hayamos sufrido una amarga derrota, las consecuencias serán internas e internacionales. Las repercusiones tendrán un impacto inmediato en algunas regiones y en otras el efecto será retardado.

Igualar una guerra civil con algún otro milagro fue un flaco favor que Korry hizo a la fe. Pero los partidarios de Allende rugían su victoriosa alegría en las calles y el embajador no estaba para sutilezas. Por el contrario, su documento del día siguiente, ya con la confirmación del triunfo de Allende, revela que Estados Unidos puso manos a la obra de inmediato para impedir que asumiera el poder.

Libre por fin del cuidadoso lenguaje diplomático, Korry termina su segundo informe con un panorama económico de Chile (está en su mejor momento, posee 500 millones en moneda fuerte, más que los Estados Unidos per cápita. A partir del año próximo será el segundo productor más grande de cobre en el mundo, superando a la Unión Soviética, gracias a las enormes inversiones de las compañías norteamericanas) y con un anuncio que aún suena amenazante: Lamentablemente es Estados Unidos el que tendrá que apurar el paso. Mañana informaremos sobre las medidas que estamos tomando para enfrentar la nueva era. El liderazgo depende de, y me permito usar los términos españoles, cabeza, corazón y cojones. En Chile contaron con la cháchara, la charlatanería. (N. de la R. La frase de Korry figura en el original como cabeza, corazón and cajones, y le sigue la traducción: head, heart and guts.

Alguien apuró el paso antes que Estados Unidos. Un mes y once días después del triunfo electoral de Allende, en Chile estaba en marcha un golpe de Estado para impedir su asunción. Lo lideraba el general retirado Roberto Viaux Marambio. Y sus planes fueron revisados por Kissinger, que terminó por desalentar a Viaux, con escaso éxito, dado las pocas probabilidades que tenían los golpistas de impedir la llegada al poder de Allende. El 15 de octubre de 1970, según un Memorándum de Conversación se reunieron en la Casa Blanca Kissinger, el general Alexander Haig (que sería luego comandante de las fuerzas de la OTAN y enviado de Ronald Reagan a la Argentina durante la guerra de Malvinas) y, según el documento, el señor Karamessines. Tom Karamessines era entonces el director de operaciones secretas de la CIA. Los tres hombres analizaron los planes golpistas del general chileno: Evaluamos cuidadosamente las pretensiones de Viaux (…) Nuestra conclusión fue clara: Viaux no tenía más que un chance en veinte -tal vez menos- de lanzar un golpe con éxito. (…)

Se decidió entre los presentes que la Agencia (N. de la R. Es una referencia a la CIA) debe enviarle un mensaje a Viaux advirtiéndole sobre cualquier acción precipitada. Fundamentalmente nuestro mensaje debe decir: Hemos revisado sus planes (…) hemos llegado a la conclusión de que sus planes de golpe en estos momentos no pueden tener éxito. El fracaso podría reducir sus posibilidades en el futuro. Preserve su fuerza. Nos mantendremos en contacto. Llegará el momento en que usted junto con todos sus amigos podrán hacer algo. Seguirá gozando de nuestro apoyo (…) El doctor Kissinger planteó su deseo de que la palabra de aliento a los militares chilenos en las últimas semanas se guardara en el más estricto secreto.

Al día siguiente, Richard Helms, director de la CIA, envió a Santiago un mensaje inmediato y personal para que sus agentes en la capital chilena hicieran llegar a Viaux Marambio el mensaje de Kissinger. Pero el documento contiene un párrafo que deja al desnudo las verdaderas intenciones de Estados Unidos: impedir por la fuerza que la elección de Allende fuese confirmada por el Congreso chileno que se reuniría el 24 de octubre.(…)

(2)Es una política firme y constante que Allende sea derrocado por un golpe. Sería preferible que esto sucediera antes del 24 de octubre aunque los esfuerzos en ese sentido seguirán enérgicamente después de esa fecha. tenemos que seguir generando el máximo de presión hacia ese fin empleando todo recurso adecuado. Es imperativo que estas acciones se implementen clandestinamente y con seguridad, de manera que la mano norteamericana y la de su gobierno permanezcan bien ocultas.

Mientras tanto esto nos impone un alto grado de selectividad para establecer contactos militares, y obliga a que esos contactos se hagan de la manera más segura (…)Era el 16 de octubre de 1970. Habían pasado sólo cuarenta y dos días del triunfo electoral de Allende.

El 22 de octubre, seis días después de ese cable de la CIA y dos días antes de la Asamblea del Congreso chileno, el jefe del ejército, general René Schneider, salió de su casa a las ocho y cuarto de la mañana. Schneider había sido nombrado por el presidente saliente, Eduardo Frei Montalva; había desoído todos los pedidos que le hicieron para que quebrara el orden constitucional y había sido ratificado en su cargo por Allende. A poco de dejar el Barrio Golf donde vivía, su auto fue interceptado por tres vehículos del que bajaron varios hombres. Schneider fue baleado y murió el 25 de octubre, luego de que Allende fuese ratificado por el Congreso. Como cabeza del complot para asesinar a Schneider fue señalado el general Viaux Marambio, que fue detenido y condenado a veinte años de cárcel y cinco de exilio acusado de ser coautor del crimen. En diciembre de 1972 un tribunal militar le rebajó la pena a dos años y mantuvo la condena al exilio. Viaux partió de Chile el 4 de setiembre de 1973, una semana antes del golpe de Pinochet.

Kissinger no duda de la responsabilidad de Viaux Marambio en el asesinato de Schneider. Dice en sus memorias: Entonces, el 22 de octubre, el grupo Viaux, al cual explícitamente se le había dicho que desistiera por medio de la CIA el 17 de octubre, prosiguió por su cuenta, desafiando a la CIA y sin nuestro conocimiento. Trataron de secuestrar al general Schneider y estropearon todo. Schneider sacó su pistola en defensa propia y fue herido mortalmente. La poco disimulada indignación de Kissinger es también un reconocimiento de hasta qué punto él y el gobierno de Nixon estaban comprometidos en el complot contra Allende, que aún no había asumido el gobierno.

Por fin, Salvador Allende recibió la banda presidencial de manos de Eduardo Frei el 3 de noviembre de 1970. Ese mismo día, Nixon perdió la mayoría en las dos cámaras del Congreso, tras las elecciones que pusieron en juego 435 bancas de diputados y 35 de senadores. Ese mismo martes, en Washington, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad (NSC), Theodore L. Eliot Jr., elaboraba el Documento de opciones sobre Chile que sería sometido al NSC en la reunión programada para dos días después. La copia lleva como encabezado: Memorándum para el señor Henry Kissinger – Casa Blanca. Se detallan los peligros que, para los Estados Unidos, implicaba el gobierno de Allende y sugiere varias opciones y cursos de acción a seguir por el gobierno de Nixon.

A lo largo de quince páginas el NSC señala que Allende (…) Buscará establecer en Chile un sistema autoritario guiado por los principios marxistas. A tal fin dará los pasos para a) Colocar toda actividad económica significativa bajo el control del Estado, incluida la nacionalización de las industrias básicas, b) Ganar el control de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas y c) Dominar los medios de comunicación masivos. Allende es un marxista y será fiel a sus metas marxistas, aunque en sus tácticas pueda ser un pragmático que, en tanto y en cuanto convenga a sus fines, podría llegar a tolerar soluciones menos radicales.

El documento afirma que (…) El gobierno de Allende tendrá un profundo sesgo antinorteamericano. (…) Es probable que Chile se convierta en refugio de subversivos latinoamericanos y en escenario para movimientos subversivos en otros países. (…) Con toda seguridad llevará a cabo finalmente su intención de reconocer y establecer relaciones diplomáticas con otros países socialistas, incluidos Vietnam del Norte, China comunista, Corea del Norte y Alemania del Este.

No deja de ser irónico que lo que el gobierno de Nixon consideraba peligroso para Chile y América latina, relaciones diplomáticas con China comunista, haya sido dos años más tarde la decisión adoptada por el propio Nixon y uno de los pocos actos de gobierno que pueden exhibirse como uno de sus logros políticos. El documento del NSC aconseja al gobierno de Nixon mantener una actitud deliberadamente moderada hacia Chile. De esta manera mantendríamos y ejerceríamos nuestra influencia en Chile y tendríamos una considerable flexibilidad e iniciativa, en tanto que aprovechamos al máximo las oportunidades para continuar con nuestros objetivos. Es obvio que la expresión nuestros objetivos encierra el golpe militar que impulsaba Estados Unidos. El documento del NSC sugiere cuatro opciones a seguir por Nixon marcadas por las letras de la A a la D y graduadas como moderadas (la A) hasta drásticas (la D). No es posible resumirlas todas, pero sí se debe mencionar la opción C, sintetizada como: Mantener una postura aparentemente correcta, pero pero dejar en claro nuestra oposición al surgimiento de un gobierno comunista en Sudamérica; actuar en favor de mantener la iniciativa en la relación cara a cara con el gobierno de Allende. Esta opción se plantearía en la convicción de que un modus vivendu satisfactorio es en última instancia imposible; que las confrontaciones son, tarde o temprano, inevitables; (…) que lo más importante es que trabajemos para mantener la iniciativa en tanto le negamos flexibilidad a Allende (…) Como curso de acción respecto al gobierno de Allende, la opción C expresa, entre otras medidas: (…) No brindar apoyo a la renegociación de la deuda chilena. Vetar los pedidos chilenos de préstamos ante el Banco Internacional de Reaseguro y Fomento (N. de la R. Luego sería el Banco Mundial), el BID y el Eximbank, debido a las expropiaciones y políticas económicas. Desaconsejar la inversión norteamericana, de terceros países y multilateral privada en Chile. Acogerse tan pronto como corresponda a las provisiones de la ley de asistencia extranjera para (…) Negar asistencia al país dominado por un movimiento comunista internacional. (..) Negar asistencia económica a los países que comercien con Cuba o Vietnam del Norte. (…) Si se hace evidente la hostilidad antinorteamericana, desalentar el turismo y los viajes a Chile (…) Si Chile comenzara el tráfico comercial aéreo con Cuba, no brindar asistencia a las aerolíneas chilenas, ni nuevos equipos, ni rutas.

Luego el documento aconseja medidas a tomar en el ámbito militar: Si Chile comienza a comerciar con Cuba: mantener la vigilancia de los barcos chilenos que transiten por el Canal de Panamá. Llamar la atención a nuestros aliados de la OTAN sobre la necesidad de que ellos apoyen nuestros intereses de seguridad en el hemisferio occidental. (…) Si Chile desarrolla lazos de seguridad con la URSS: aumentar significativamente la cooperación en seguridad con otros países suda-mericanos: Ofrecer a la Argentina la venta de F-4 en términos favorables. N. de la R. Se refiere a aviones de guerra) Proporcionar material selectivo del Plan de Ayuda Militar (MAP) a la Argentina y Brasil. Brindar apoyo a la Argentina en su reclamo sobre el Canal de Beagle (…) Aumentar la asistencia de seguridad interior (MAP y seguridad pública) para Uruguay, Paraguay y posiblemente Bolivia, en base a la amenaza de sufrir una exportación subversiva chilena.

El documento incluye acciones destinadas a las fuerzas políticas no marxistas de Chile y aconseja Brindar un apoyo articulado, tanto a nivel público como privado, a los elementos democráticos en Chile que se opongan al régimen de Allende por todos los medios que se consideren adecuados. (…) Hacer propaganda de manera continua sobre las restricciones a las libertades individuales y la debilidad del régimen de Allende.

El 9 de noviembre de 1970, el sexto día de gobierno de Allende, Henry Kissinger estampó su firma en el Memorándum 93 de Decisión sobre Seguridad Nacional – Ultrasecreto. Sensible. Personal. En él informa que Nixon (…) decidió que la base de nuestra política respecto de Chile estará encuadrada en el concepto vertido en la Opción C del documento interdepartamental presentado el 3 de noviembre. El golpe contra Allende se puso en marcha desde entonces.

Tampoco la CIA, cuyo director colaboraba en forma estrecha con Kissinger y Nixon, fue ajena al golpe. No es un secreto. Pero uno de los documentos desclasificados lo certifica por primera vez. Es un Informe sobre las actividades de la Fuerza de Tareas chilena de la CIA entre el 15 de setiembre y el 3 de noviembre de 1970. Su encabezamiento dice: El 15 de setiembre de 1970 se le encomendó a la CIA que tratara de impedir que el marxista Salvador Allende asumiera la presidencia de Chile el 3 de noviembre. Esta tarea debía ser independiente de los esfuerzos simultáneos que se llevaban a cabo a través o con el conocimiento del Comité 40, el Departamento de Estado y el embajador Korry. El documento revela: Se formó una fuerza de tareas chilena y se puso en funcionamiento tres días después de que se le asignara la misión a la CIA. Fue conducida por (Tachado) y (Tachado)

de alta calificación para la CIA. Fueron llamados de (Tachado) especialmente para este fin. Se formó una comisión simultáneamente en Santiago de Chile y Buenos Aires, Argentina, para manejar el delicado tráfico de cables para la fuerza de tareas. (N. de la R. En setiembre de 1970 gobernaba a Argentina el general Roberto M. Levingston, segundo presidente de la llamada Revolución Argentina) (Párrrafo tachado) Consistió en cuatro oficiales de la CIA con el aspecto, idioma y experiencia capaz de representar diferentes nacionalidades extranjeras. Fueron llamados desde sus puestos en el extranjero a Washington, instruidos e insertados individualmente en (Tachado) de Chile. En Santiago, su único contacto norteamericano era un oficial de la CIA que había residido en Santiago (Tachado) establecieron contactos con los intermediarios chilenos interesados en promover un golpe militar- A raíz de un arreglo especial (y único) solicitado por la CIA, el agregado militar de los EE.UU. en Santiago se puso bajo la dirección operativa del Jefe del Centro de la CIA allí. Su asistencia y contactos con militares chilenos fueron inestimables en este programa.

Chile se cubrió de sangre desde el 11 de setiembre de 1973. Dos meses después del golpe, el 15 de noviembre, un informe del Departamento de Estado titulado Ejecuciones en Chile reveló, entre otras cifras del terror, que los fusilamientos reconocidos por el gobierno de Pinochet eran 100, que las fuentes de inteligencia afirmaban que eran 320 y que otras 40 personas habían muerto al intentar huir de la custodia militar. Que entre siete y ocho mil personas habían sido detenidas en el Estadio Nacional de Santiago y que sólo 6.500 habían sido liberadas. El informe destacaba en las conclusiones que el total de muertos a dos meses del golpe era: Según autoridades chilenas 600, aproximadamente; según un artículo de Newsweek del 8 de octubre: 2.796; según el artículo del The Washington Post del 21 de octubre sobre la declaración del director de la CIA, William Colby al Comité del Congreso: 2.000 o 3.000

El documento afirma: Los líderes chilenos justifican estas ejecuciones como totalmente legales al aplicar la ley marcial bajo lo que denominan un estado de sitio en tiempos de guerra. Diez días después del golpe contra Allende, el 21 de setiembre de 1973, Richard Nixon designó a Henry Kissinger secretario de Estado. Asumió su cargo al día siguiente. Menos de un mes después, el 16 de octubre, Kissinger fue honrado con el Premio Nobel de la Paz.