Actualidad

Joan Garcés y Víctor Pey recibirán una indemnización de US$10 millones, más intereses y costas, por la expropiación del diario a manos de la Junta Militar en 1973.

El tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), concedió una indemnización de 10 millones de dólares más intereses, a contar del año 2002, y parte de las costas del juicio al señor Víctor Pey y a la Fundación Presidente Salvador Allende, por la confiscación del diario Clarín efectuada tras el golpe militar de 1973.

No obstante la indemnización fijada por el tribunal es considerablemente menor a la demandada, el Estado chileno presentará un recurso de nulidad del fallo en conformidad a las reglas del propio CIADI, por cuanto en su concepto no correspondía pago alguno por irregularidades en el procedimiento.

“El Gobierno considera que el fallo, entre otras diferencias, ha desconocido que el señor Pey, como chileno que es, no tenía legitimación para recurrir al CIADI, ni acogerse a las disposiciones del tratado de protección a las inversiones que Chile firmó co España porque no es inversionista extranjero”, explica la declaración emitida por el ministerio de Economía.

Además el texto que el dictamen de 236 páginas “se basa en el falso supuesto de que el señor Pey era dueño de las acciones del diario “El Clarín” y que podía, consecuencialmente, ceder derechos que nunca tuvo a la Fundación Presidente Allende”.

La decisión del CIADI llegó a la cartera, Hugo Lavados, a las 20:00 horas por lo que el Ejecutivo sólo se refirió a ella mediante el comunicado y tras su análisis habría una versión más completa de los pasos a seguir por el Gobierno.

Asimismo, la nota expresa su agradecimiento a los abogados del estudio Arnold & Porter LLP de Washington DC, Estados Unidos, dirigidos por Paolo Di Rosa, como también a Jorge Carey, Gonzalo Fernández y Eduardo Escalona, por su dedicación al caso en las etapas que debió pasar.

El recurso que presentará Chile deberá ser analizado en un tribunal distinto al que dictó dicho fallo arbitral.

Certificación para estándar internacional

La compañía de Bill Gates busca que los países regidos por la norma ISO, aprueben a Office Open XML, su formato de documentos lanzado el 2007. Este enfrenta un rival gratuito que ya está visado y puede quitarle clientes a nivel global. Lo que está detrás de un tema muy técnico, es la apuesta de la multinacional por mantenerse como actor dominante de un negocio que mueve miles de millones de dólares anuales. El voto de Chile puede ayudar a poner la balanza a su favor. Todo se decide este sábado 29 en Suiza.
Por Miguel Paz

El próximo sábado 29 de marzo en la sede central de la Organización Internacional de Estandarización (ISO, por su sigla en inglés) se sabrá si el gigante informático Microsoft ganó su última batalla comercial: convertir su formato de documentos Office Open XML (OOXML) en un estándar con sello ISO.

Ese día los votos de los países miembros de ISO, incluido Chile, decidirán un tema vital para Microsoft. Como ISO aprueba estándares a nivel internacional, en la práctica opera como timbre de garantía para gobiernos de todo el mundo que buscan implementar un estándar abierto para los documentos que publican en las páginas web de sus reparticiones, acorde a las políticas de acceso a información y neutralidad tecnológica en boga.

Lo que está en juego

La importancia que tiene para la compañía de Bill Gates conseguir los votos para el OOXML en un proceso de votación “fast track”, se debe a que ya existe un estándar aprobado por ISO el 30 de noviembre de 2006 llamado Open Document Format (Formato de Documento Abierto, ODF). El ODF es de acceso libre, permite que usuarios de distinto tipo de procesadores de texto, planillas de cálculo y presentaciones puedan descargar documentos de ese tipo desde sitios web y verlos sin problemas.

La razón detrás de algo que podría parecerle chino a quien no está familiarizado con el mundo del software es que si Microsoft consigue aprobar el OOXML como estándar ISO, no pierde su participación dominante en el millonario negocio de venta de licencias de programas, como Office (combo de procesador de texto, planillas y presentaciones), que mantuvo a Bill Gates como el hombre más rico del planeta por 13 años consecutivos.

La incorporación del estándar ODF por parte de gobiernos y sus reparticiones, incluidas las escuelas y universidades públicas, en teoría haría innecesario que estas entidades ocupen programas manufacturados por el gigante informático. Asimismo, para descargar y abrir un documento de texto de la página web del Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, un ciudadano no necesitaría tener Word instalado en su computador. Podría usar otros procesadores de texto gratuitos o más baratos que el programa Office ($200.000 aprox.). Luego, al familiarizarse con ellos, el usuario hasta podría optar por no ocupar Windows, el sistema operativo de Microsoft.

Este es el peor escenario para la mega-compañía que apuesta fuerte a la aprobación del OOXML a través de un proceso de votación rápido o de fast track y ha implementado un fuerte lobby para conseguir el voto chileno, representado por el Instituto de Normalización Nacional, una entidad sin fines de lucro dependiente de la Corfo.

Los conflictos de interés

La primera derrota del formato propuesto por Microsoft ocurrió el 2 de septiembre de 2007. Ese día, el gigante informático no obtuvo el 66 por ciento de los votos requeridos según las reglas de ISO y el formato OOXML fue rechazado. La propuesta de la compañía, además, recibió casi 3 mil 500 observaciones de correcciones de los países votantes que acordaron encontrarse en febrero en la sede de ISO en Ginebra para ver si se podían resolver, en una reunión de voto consultivo (BRM, por su sigla en inglés).

Antes de esa reunión, fijada para la semana del 25 al 29 de febrero, el presidente del Instituto de Normalización Nacional (INN) Sergio Toro y el mandamás de la Cámara de Comercio Electrónico (CCE), Carlos Recabarren, acordaron formar un comité consultivo para definir el voto de Chile.

A dicho comité fueron convocados los ministerios de Economía, Secretaría General de la Presidencia, de Vivienda y Urbanismo, el Servicio de Impuestos Internos y la Corfo. A nivel privado, la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información (gremio con socios que mantienen negocios con Microsoft), la Cámara de Comercio Electrónico (que a su vez representa los intereses gremiales de Microsoft), la Sofofa, IBM, entre otras compañías; además de instituciones académicas.

Pese a la diversidad y cantidad de los miembros del comité, la secretaría ejecutiva quedó en manos de Carlos Recabarren, presidente de la CCE, que aparece listada en una organización creada por Microsoft como una de las promotoras de la aprobación del OOXML, y tuvo hasta enero en su directorio al chief technology officer de Microsoft Chile, José Antonio Barriga.

En su calidad de representante del comité consultivo y del INN, Recabarren fue el único chileno que asistió a la reunión de voto consultivo en Ginebra, la última semana de febrero. La cita de cinco días concluyó el 29 de febrero, luego que los delegados de todos los países revisaron el 20 por ciento de las 3 mil 500 observaciones de correcciones presentadas el año pasado. Ante la posibilidad de seguir retrasando las votaciones, se acordó votar paquetes de correcciones del OOXML sin análisis de fondo. Mientras Estados Unidos, Malasia, India y Sudáfrica rechazaron la moción y el resto se abstuvo, apenas cinco delegados de países aprobaron la medida: uno de ellos fue Carlos Recabarren.

La noticia provocó molestia en algunos de los integrantes del comité consultivo en Chile, debido a lo que se consideró un serio conflicto de interés por parte de Recabarren y a la falta de tiempo para revisar las observaciones de modo acucioso.

“La inconveniencia de apurar la estandarización de un producto a un inmaduro quedó en evidencia en la reunión BRM (Ballot Resolution Meeting) de Ginebra el pasado febrero”, señaló el Departamento de Ciencias de la Computación (DCC) de la U. de Chile en un comunicado.

En respuesta, José Antonio Barriga hizo una detallada exposición en defensa del formtao OOXML en su blog y fustigó de pasada a los ingenieros de la Chile.

Votos y presiones

Todos los delegados que votaron en septiembre tienen hasta el 29 de marzo para decidir si cambian de opinión y le dan su apoyo al formato OOXML, situándolo junto al ODF.

De momento, la empresa de Bill Gates cuenta con el voto seguro de Estados Unidos y Alemania, dos grandes que podrían arrastrar a países socios comerciales, para el conteo final del sábado 29 de marzo en Ginebra.

Pero a medida que se acerca la fecha tope, de acuerdo al portal de tecnología británico Channel Register, surge un realineamiento contra Microsoft. China, Brasil, Japón y Canadá han reiterado que rechazarán el formato OOXML. A ellos se sumaron Cuba e India. Algo que empuja a Microsoft a buscar votos donde pueda, sea entre países prioritarios como los mencionados, o secundarios, como Chile, para poder cantar victoria.

Si Microsoft no consigue los votos suficientes, el proceso abreviado o de “fast track” volverá a cero y podría tomar años que llegue a ser visado como estándar. Este es uno de los motivos para que la compañía se juegue el todo por el todo por lo que pase en Ginebra. Perder el “fast track” significa perder tiempo y dejar de ganar mucho dinero.

Debido a lo anterior, no son pocos los que apuestan que el INN dará su voto al OOXML y advierten posibles presiones al respecto. Tomás Hermosilla y Juan Olguín, socios de Emerges, empresa que se incorporó al comité consultivo del INN en medio del proceso de análisis, insisten en su blog sobre el lobby de Microsoft: “Nuestra preocupación, es ver que las presiones podrán lograr un posible cambio de voto por parte de Chile de abstención a aprobación, lo cual quedará resuelto por parte del comité espejo en el plazo de hasta el 19 de marzo, y luego el INN en base a estas votaciones, debe resolver si mantendrá o cambiará su voto”.

El punto anterior se fundamenta en las denuncias contra Microsoft de presionar a sus socios de negocios en Suecia. Según los antecedentes que llegaron a las páginas del Washington Post, la compañía urgió a sus business partners para que se incorporaran al comité de ese país, que votaría la aprobación del OOXML, a cambio de “contribuciones de marketing” e “incentivos”. Suecia primero aprobó el formato y más tarde invalidó su voto debido a las irregularidades.

Pese a todo lo anterior, el director del INN Sergio Toro no ha dado señales sobre cuál será el voto chileno. Toro se encuentra fuera del país hasta el jueves 27, día en que sus asesores se comprometieron a responder las consultas de El Mostrador.cl.

La renuncia al Ejército del General Gonzalo Santelices, implicado en el caso de los civiles asesinados en Antofagasta en 1973, empieza a abrir el telón de la obra, más que a cerrarlo.

Invocar la verdad es peligroso. Como muchas otras veces, en el caso de la participación del entonces subteniente Santelices en los hechos previos y posteriores al asesinato de civiles indefensos por efectivos de la Caravana de la Muerte, que operó en octubre de 1973, comandada por el general Arellano, por órdenes expresas de Pinochet, la verdad es una moneda de varias caras.

Las dudas son numerosas: ¿las autoridades civiles y militares conocían los antecedentes antes de tramitar el ascenso de Santelices?, ¿es posible comparar la actuación de civiles, que se quiebran en la tortura y  delatan a sus compañeros, con la conducta del ex oficial?, ¿hasta donde llegan los límites éticos y jurídicos de la obediencia militar?, ¿es legítimo ocultar la verdad durante 35 años?

Parece, por lo menos discutible, sostener que no ha “participado” en los hechos y se ha limitado a “obedecer”, quién saca de noche a los presos de la Cárcel, los lleva al desierto, presencia su sanguinaria ejecución, recoge los cadáveres y los lleva a la morgue, todo ello a los 21 años de edad y en pleno uso de la facultad de discernir.

Todo esto se ve agravado por la actitud desafiante de Santelices y la amplia cobertura y entrevistas de la prensa derechista, en apoyo al ex general. Pretende convertirse en víctima más que victimario, se compara con Sócrates y, llega al extremo de cuestionar, sin nombrarla, a la propia Presidenta Bachelet, en el ejercicio de su cargo de Presidenta, por su pasado político después del 73.

Por otro lado, las declaraciones del Secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Cristián Contreras, que en parte justifica a Santelices, le han puesto más fuego a la hoguera y han provocado un intenso debate en personeros religiosos y en las organizaciones de derechos Humanos.

Posición evangélica

Todo esto lleva al pastor de la iglesia cristiana, Francisco Saavedra,  al teólogo Jaime Escobar a la Secretaria General de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira amanifestar su preocupación por la crisis de valores que está enfrentando el Ejército de Chile  en casos relacionados a los temas de Derechos Humanos.

El Pastor Francisco Saavedra plantea:

“Es necesario saber si el Ejército de Chile, y  nos dice el señor Santelices que es así, es una institución que obliga a sus miembros a disparar en contra de un ciudadano desarmado, inocente, en contra de una mujer embarazada y matarla porque les dan una orden.

¿Esto es el Ejército chileno? Son capaces de asesinar a una persona con solo recibir una orden y  ni siquiera pueden pensar si esto está bien o mal. De ser así, sería una macabra institución, que me obliga sin cuestionarme a asesinar a alguien. Me pregunto si esa es la doctrina del Ejército. De ser así, estos caballeros estarían castrados mentalmente, ya que asesinan a un ser humano, sin ni siquiera pensarlo, sólo porque  acatan una orden”.

Para Francisco Saavedra, la situación se torna más grave aún si se  recuerda que hace un tiempo la propia institución armada mandó a todos los oficiales del Ejército que pusieran los antecedentes de los detenidos desaparecidos en la Mesa de Diálogo. “No escucharon esa orden”, afirma Saavedra, quién se muestra sorprendido, por las declaraciones del ex titular de defensa, Jaime Ravinet, quien dijo conocer de los antecedentes del General Santelices el año 2002.

A ese respecto Saavedra sentencia que “estos personeros no saben que la sangre de los miles de asesinados aún claman al Señor esperando justicia y qué en ese caso habría un silencio cómplice del propio gobierno.”

Finalmente, Francisco Saavedra hace un llamado al gobierno, a los militares y al mundo cristiano y religioso en general a no equivocarse cuando aparecen voces que satanizan a los movimientos sociales, a las manifestaciones populares y sobre manera cuando las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos convocan a sus actos y se les señala con el dedo como”gente molestosa, revoltosa y que son gente que anda puro metiendo bulla. No, eso no es así, la sangre de los detenidos desaparecidos aún hoy clama justicia, como dicen las escrituras”.  Y señala que si “usted tiene un familiar entre las víctimas de la dictadura, jamás renuncie a saber la verdad, de lo contrario, sería un cobarde a la oportunidad de saber la verdad de lo que ocurrió”, concluye.

Blanquear a los responsables

El teólogo Jaime Escobar, editor de la revista “Reflexión y Liberación”, recalca que las declaraciones de apoyo hacia el General Santelices  no tienen ningún apoyo jurídico, ético ni moral, porque “a una persona  con discernimiento, que presencia cuando se ametralla por la espalda, cuando se usan los corvos y se cortan cuellos contra personas indefensas, no procede, bajo ningún punto de vista, aplicar el argumento de que este joven oficial recibía ordenes y no supo lo que hacía”.  

Escobar llama a revisar una serie de documentos de la Iglesia Católica chilena, de la iglesia latinoamericana, incluso encíclicas papales en que se señala que bajo ningún concepto “un católico puede de alguna forma justificar hechos criminales catalogados como genocidios que fue lo que sucedió, como por ejemplo, en la  caravana de la muerte”.

Respecto a la tesis de que muchas de las personas que fueron asesinadas lo fueron por delación de sus propios compañeros, Escobar sostiene:

“Esta es una afirmación tan temeraria como reprochable. Temeraria porque esa afirmación ha sido tomada por quienes cometieron crímenes y por quienes lo avalaron, como una forma de equilibrar las cosas, de disminuir el impacto del crimen y eso a la luz de un cristiano, de una persona de buena voluntad y a la luz del evangelio es absolutamente inaceptable”.

Cabe señalar que el propio Cardenal Raúl Silva Henríquez en un documento de 1986, titulado: “Iglesia Servidora de la Vida”, dice específicamente que la iglesia no puede aceptar el genocidio.

Para Alicia Lira, Secretaria General de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos,   “defender a personas involucradas en crímenes, es atentatorio hacia las víctimas, hacia los familiares, ya que el daño continúa en la espera de verdad, en la espera de sepultar a  nuestros muertos.. Por lo tanto nos parece vejatorio la forma como se intenta blanquear a los responsables. Aquí hay una campaña de blanqueo a los responsables, que inclusive vienen en relación a otros casos”.

La Agrupación de Ejecutados Políticos sentencia que es muy grave poner en una misma línea a los asesinos y las víctimas, “ya que a éstos, a través de la tortura, a través de falsos fusilamientos, encierro e incomunicación por meses, les quebraron su voluntad y los hicieron que entregaran nombres.”

La dirigente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos fue enfática:

“ Es un grave error  comparar a los torturadores, asesinos, con aquellos que a través del horror y del sacrificio humano entregaron nombres. Me pregunto qué es necesario hacer  en el caso del padre Joan Alsina, de Andrés Jarlan, del padre Miguel Woodward, asesinado en la Esmeralda. Hay que apoyar a los familiares, a las organizaciones de Derechos Humanos. Nosotros no tenemos odiosidad, sólo queremos verdad y justicia”.

José Pablo Arellano descubrió una nueva táctica para seguir privatizando Codelco por etapas: los contratos de exploración con empresas transnacionales.

Entrevista a Víctor Pey:

“Tengo el compromiso moral de reeditar Clarín”

El dueño de “Clarín”, Víctor Pey.

El dueño del mítico diario “Clarín” ahonda en el juicio que mantiene en el Ciadi en contra del Estado chileno. Una sentencia favorable para Pey significará que se publique en Chile un diario que haga contrapeso a los grandes del duopolio El Mercurio-Copesa y rompa el escaso pluralismo existente.

¿Cómo logra ser dueño de “Clarín”?

Conocí a Darío Sainte-Marie, fundador del diario “Clarín”, mucho antes del gobierno de la Unidad Popular. Con el paso de los años y la colaboración que de una manera desinteresada mantuve con él, en circunstancias críticas que le afectaron en lo personal, me instó a que le comprara el diario en condiciones de excepción, en un plazo de tiempo apremiante.  Dirigí, en el terreno mismo, ad honorem, la construcción del nuevo edificio en el que se iban a instalar los talleres y la administración del diario “Clarín”, en la esquina de las calles Alonso Ovalle y Zenteno, llegando a tener un estrecho vínculo con Sainte-Marie cuando éste me pidió que le comprara el diario, durante el gobierno de la Unidad Popular, en septiembre u octubre de 1972. En su momento, recibí críticas de abusar de una situación conflictiva en la que se encontraba Saint-Marie, por el bajo precio que le pagué por el diario, que fue de un millón 280 mil dólares. Fue así como adquirí el total accionario del “Consorcio Publicitario y Periodístico S.A.”, dueño del diario “Clarín”. Una vez ocurrido el golpe, yo me vi en la necesidad de exiliarme. En la mañana del 11 de septiembre de 1973, fuerzas armadas sublevadas irrumpieron en las instalaciones del diario e hicieron tabla rasa de los derechos de propiedad.

¿Y cuándo comienza el juicio para recuperar sus bienes?

Cuando regresé en 1992, tuve que hacer una labor muy ardua para intentar recuperar lo que me pertenecía. Y en cuanto tuve antecedentes documentales suficientes, me dirigí a través de una carta notarial al ex Presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, solicitando que se me devolviera el patrimonio de “Clarín”, abusivamente incautado. Me contestó, en nombre del Presidente de la República, el a la sazón ministro de Bienes Nacionales, señalándome que en su momento podría acogerme a una ley que estaba en tramitación en el Congreso Nacional, que permitiría la devolución de los patrimonios indebidamente incautados durante la dictadura. Insistí, por la misma vía notarial, con una exposición basada en derecho, señalando que mis bienes habían sido incautados por un decreto y que, por lo tanto, por otro decreto podían y debían serme restituidos.

Ante el silencio mantenido por el Estado, tras la reiterada petición de devolución, y previa cesión que hice del 90% de mis derechos accionarios a la Fundación Presidente Allende, que junto a Joan Garcés creamos en España, recurrí a la instancia arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial. El 20 de abril de 1998, el Ciadi registró nuestra instancia, aceptando a trámite lo solicitado.

¿Cómo evalúa usted el actuar del Estado chileno en este caso?

La posición de la Fundación Presidente Allende y la mía propia ha sido desde el principio del procedimiento la de colaborar con el gobierno chileno, tratando de evitar que se cometa un fraude contra el Estado, ya que eventualmente puedan entregarse fondos a personas que no tienen título alguno. Hemos aportado a la causa múltiples antecedentes con el objeto de que el Estado esté correctamente informado.

Herederos ficticios

¿Pero esa situación de entregar recursos a supuestos herederos ya sucedió?

Así creo, pero mi posición sigue siendo la de dar luz para evitar un posible fraude al Estado.

¿Como se configura ese pago a supuestos propietarios de “Clarín”, que el Estado reconoce?

Hace 8 años, cuando recién se estaba constituyendo el Tribunal, el fiscal del Comité de Inversiones Extranjeras, Juan Banderas, representaba ante al Estado de Chile. Hoy lo hace el departamento jurídico del ministerio de Economía. Constituido ya el Tribunal y en marcha el juicio arbitral, el Comité de Inversiones Extranjeras solicitó un estudio externo al abogado Enrique Testa. Testa fue durante el gobierno de la Unidad Popular presidente del primer banco estatizado, el Israelita. Posteriormente, el señor Testa se dirigió a varias personas y les ofreció la compra de sus eventuales derechos hereditarios de la propiedad de “Clarín”. El 22 de abril de 1999, se formó la sociedad anónima Asinsa, integrada por dos socios: don Isidoro Gorodischer, yerno del señor Testa y ex concejal del PPD por Las Condes, y el ingeniero Ronald Youlton. Cinco días después, Asinsa compró eventuales derechos hereditarios y gananciales a parientes de la viuda de Emilio González, que supuestamente habría sido socio de “Clarín”. Pagó 2 millones 500 mil pesos, con un capital social de solo 100 mil. Esta sociedad se dirigió también a Jorge Venegas, que también habría sido accionista de “Clarín” y le ofreció su representación. Siete semanas después, Asinsa presentó ante el ministerio de Bienes Nacionales una solicitud por 600 millones de pesos como indemnización para los supuestos afectados por la confiscación de “Clarín”. El Colegio de Abogados sancionó al señor Testa por el uso indebido de información que habría utilizado para obtener la indemnización.

¿Por qué se atribuye esta supuesta herencia?

Mientras estábamos en Washington en una audiencia del Ciadi celebrada a fines de abril del 2000, el representante del gobierno de Chile, sorpresivamente, informó que el Estado chileno había decretado el pago de la indemnización correspondiente a los supuestos dueños de “Clarín”. El 28 de abril de 2000, la división jurídica del ministerio de Bienes Nacionales emitió un oficio acogiendo lo solicitado por los reclamantes, resolviendo pagar a los “supuestos” dueños del diario “Clarín” y ese mismo día, el ministro de entonces Claudio Orrego, ordenó el pago. El Estado les entregó 9 millones de dólares.

¿Pero no hubo un intento de vender “Clarín” justamente a quienes aparecen como supuestos dueños y a quienes el Estado les paga una indemnización?

Yo sabía que mi paso por el diario no sería para siempre y como era un éxito de ventas -un muy buen negocio- busqué a algunas personas que tuvieran recursos para pagar por las acciones y eventualmente pudieran llegar a ser socios, sin alterar la línea progresista y democrática del diario. Fue así como llegué a un acuerdo amigable sobre una posible venta de acciones con Jorge Venegas, un gran empresario de Talca, amigo de Allende, un hombre de izquierda, no militante; con Emilio González, que fue presidente del Banco del Estado, viejo amigo mío, hombre de fortuna, muy de izquierda y también amigo de Allende; y con Ramón Carrasco, que fue abogado de Saint-Marie y amigo mío.

Nunca ellos fueron dueños de ninguna acción, yo los nombré directores.

Pese a esto, ellos recibieron la indemnización…

Jorge Venegas sí, además de una prima de la viuda de Emilio González, las hijas de Ramón Carrasco, los hijos de Sainte-Marie y Asinsa.

1990 regresé a Chile, con Jorge Venegas nos juntábamos siempre que él venía a Santiago, pero de pronto dejó de aparecer.

El nuevo Clarín

¿Qué espera ahora de la sentencia del Ciadi?

Espero que se reconozca la verdad y establezca una indemnización justa. La que el Tribunal Arbitral determine. “Clarín” era una empresa boyante. Su estabilidad económica no dependía de la publicidad.

Y reeditará “Clarín”…

Personalmente, tengo un compromiso moral en ello. Cuando con Joan Garcés creamos la Fundación Presidente Allende en Madrid, en 1990, doné el 90% de mi patrimonio de “Clarín” a la Fundación, conviniendo que la Fundación va a reeditar el diario en cuanto disponga de los medios para ello. Sin duda, no será el mismo diario de antes. Han cambiado el mundo, el país y la sociedad misma.

¿Y cómo se ve constreñida la libertad de expresión con esa carencia?

El hecho de que el 90% de la prensa escrita esté en manos de dos empresas constituye una evidente limitante de esa pretendida libertad de expresión. Cuando se toman fotografías de un escenario desde el mismo ángulo, siempre se tendrá la misma imagen, sin lograr abarcar las múltiples facetas que tiene la sociedad.

Dedicado por completo a sacar adelante y a tiempo las megacentrales de Aysén, una de las cabezas del grupo Matte analiza las complejidades del más importante proyecto energético que se haya hecho en Chile. Defiende la energía hídrica, cuestiona la opción nuclear y critica la campaña en contra de las represas. De paso dispara contra las empresas que obstaculizan la sindicalización utilizando múltiples razones sociales.

 Debe ser el más hippie entre los grandes empresarios chilenos. O por lo menos de la elite tradicional nacional. Mientras da la entrevista, Bernardo Matte Larraín suelta fácilmente frases como “uno siempre quiere seguir tratando de cambiar al mundo” o “a mí me interesa mucho la ecología”. Declaraciones que evidencian que aún conserva algunos rasgos del hippismo que siguió en su juventud, en los años sesenta. Claro que hace rato dejó de ser idealista y hoy es realista, “porque uno tiene que vivir de realidades”, dice. Pero asegura ser un defensor de las ballenas azules del golfo de Corcovado, en Chiloé. “Las conocí mientras navegaba en mi yate Pisco Sour y la experiencia de verlas es realmente emocionante”, cuenta.

Amante del montañismo y del mar “si no voy seguido, me pongo de mal genio”, confiesa , el menor de los integrantes del influyente clan Matte Larraín reparte su tiempo entre las regatas y las mesas directivas que ocupa en Copec, la Bolsa de Comercio y en las empresas de la familia: la Papelera, Colbún y el Banco Bice, en estas dos últimas como presidente.

Sin embargo, hoy está concentrado casi al ciento por ciento en sacar adelante la más emblemática de las últimas iniciativas del grupo: el proyecto HidroAysén. Asociados con Endesa, su idea es construir en la Patagonia cinco centrales hidroeléctricas que generarán, en conjunto, 2.750 Mw para el hambriento sistema energético nacional.

Según el cronograma, en marzo próximo debieran presentar el Estudio de Impacto Ambiental que está listo casi en un 80% y la primera central debiera estar operando en cuatro años más. Matte está convencido de que cumplirán estos plazos autoimpuestos, pese a la fuerte arremetida comunicacional de las ONG que están detrás de la campaña Patagonia sin Represas.

¿Qué tanto le preocupa la campaña que están realizando los ambientalistas?
Es parte de las reglas del juego. Si hay gente que estima que no se deben hacer las centrales, me parece normal y legítimo. Sabemos que han gastado millones en la campaña y dicen que plata no les va a faltar. Y creo que eso es verdad, porque aquí hay plata extranjera. Están juntando buenas lucas y haciendo un buen negocio. A ellos la Patagonia les sirve para levantar fondos en Estados Unidos, que es donde se financian estas ONG. Pero en Chile se están construyendo varias otras centrales, sobre todo a carbón, que es la energía más contaminante, y ningún ambientalista reclama por el tema.

Pero aquí lo relevante es que es la Patagonia, un lugar intocable.
Más que intocable. Llevar gringos a Coronel o a Ventanas no tiene ningún brillo, no se consiguen lucas para eso, pero sí para la Patagonia. Dicen que les preocupa la inundación, pero al final lo que queda es un lago, que no es algo que atente contra el medio ambiente de manera brutal. De hecho, la gente de inmediato se empieza a comprar sitios a la orilla del lago. Sólo basta ver Rapel. En todo caso, la parte inundada es mínima. En proporción, es como si en la Región Metropolitana se inundara una superficie similar a una cancha de fútbol.

Hace algunos meses anunciaron que el proyecto pasaba de inundar nueve mil hectáreas a 5.900. ¿Es posible reducir aún más la superficie?
No. Ese es el mínimo. Aquí ya raspamos la olla en cuanto a inundación.

¿Qué fue decisivo en esta reducción? ¿Los estudios del MOP?
Cuando hicimos la asociación con Endesa decidimos ir a la zona y darle una mirada al proyecto no desde el punto de vista de la ingeniería, sino del medio ambiente.

¿Una especie de sello Matte?
No, porque esto fue una cosa de común acuerdo con Endesa. Decidimos meterle todos los elementos que hay que considerar para hacer un proyecto de cualquier tipo. Hoy en el mundo no se puede hacer un proyecto si es que no se le incorpora la mirada del medio ambiente y la comunidad. El mundo ha cambiado en ese sentido.

Sin embargo, el mayor temor de los ambientalistas es que si se da luz verde a HidroAysén se comience a represar toda la Patagonia. Las eléctricas ya compraron todos los derechos de agua de los ríos de la zona.
No creo que suceda. Uno no puede llegar y construir centrales en cualquier parte y decir “en cada río se hace una represa”. No se puede. También tenemos que traer la energía y la línea de transmisión que vamos a construir ya está copada, no puede sumarse otro proyecto. Para más centrales se necesitan más líneas, y eso no es tan fácil. Pero todo esto es un juego de opciones, sobre el tipo de electricidad que queremos tener. Si Chile no quiere que se hagan las centrales en Aysén, no se hacen. Pero tenemos que estar conscientes de que si no es así es necesario realizar algo más, sean centrales nucleares o a carbó2n.

Usted ha dicho varias veces que sin centrales en Aysén se corta la luz.
Lo que he dicho es que si no se hace hay que reemplazarlo por algo. Pero esos reemplazos dañan más al medio ambiente que nuestro proyecto. Lo que no se puede hacer es reemplazarlo con energías renovables no convencionales. Eso no lo duda nadie. Por un tema de tecnología y porque es mucho más cara. Para la gente no es lo mismo pagar una cuenta de diez lucas que una de veinte. Los grupos ecologistas son rebuenos para criticar y no proponen nada.

Lo que ellos plantean es cambiar el actual modelo de desarrollo.
Ese es otro tema. Ellos creen que el mundo está sobredesarrollado, y para eso lo principal es detener la energía y el crecimiento. Están en su legítimo derecho, pero no estoy tan seguro de que sea lo correcto. Mi dicho es que no hay ecologista pobre y para ellos es refácil decir “detengamos el crecimiento”. Como Tompkins, que tiene 300 millones de dólares en el bolsillo. Yo no sé si un estudiante de Puente Alto esté de acuerdo con esa teoría. Es normal que hagan esta arremetida. Pero si crees que pienso que los gringos pueden parar el proyecto, yo creo que no.

Usted siempre le pega palos a los gringos que van a la Patagonia a tirarse en balsa.
A mí también me encanta tirarme en balsa, pero creo que la energía de Chile no la van a decidir ellos. La gente de Coyhaique sabe que los extranjeros se tiran en balsa, encuentran todo precioso y se van. Están acostumbrados a eso. Y podrá venir una actriz muy bonita, sería ideal que en bikini, y punto. No me hago mala leche por eso. Pero soy un convencido de que Chile debiera desarrollar un modelo energético basado en energías renovables. Por eso admiro el modelo de Nueva Zelandia, que también utiliza harta agua, que es una energía limpia y renovable.

Dentro de esta estrategia, ¿usted deja fuera la energía nuclear?
Sí, porque los más optimistas reconocen que antes de quince años no puede haber energía nuclear en Chile. Antes se requiere el conocimiento y los profesionales, y eso no lo tenemos.

Quienes hacen lobby por la energía nuclear dicen que el plazo es mucho menor.
Los vendedores de máquinas dicen ocho años, pero ellos están interesados en que compren sus productos. Nadie duda de que hasta el año 2020 por lo menos no habrá energía nuclear en Chile. Y yo espero no estar trabajando en 2020. Pero como empresario me tengo que preocupar de que en tu casa haya luz mañana. En todo caso, preferiría no tener una planta nuclear junto a mi casa. Si me preguntas si prefiero una central hidroeléctrica o una atómica, no lo dudo ni un segundo.

Cien razones sociales

¿Cómo observa todo el conflicto que se generó entre Codelco, la Dirección del Trabajo y los subcontratistas?
No sé si lo que está haciendo Codelco está bien o mal, no tengo suficientes antecedentes como para dar una opinión al respecto. De minería no sé nada. Pero en las forestales tenemos subcontratistas y nos hemos preocupado de solucionar los conflictos antes. Eso es lo que hay que hacer. Uno tiene que tener claro que las empresas subcontratistas deben de cumplir con la ley y entregar buenas condiciones de trabajo. Y en eso nos hemos preocupado hasta de los más mínimos detalles.

No todos los empresarios están en la misma postura. Muchos usan la subcontratación como un subterfugio.
Siempre habrá empresarios malos, hay de todo, pero no es la mayoría.

¿Qué le parece que algunas grandes empresas utilicen cientos de RUT o razones sociales para evitar que se fortalezca la negociación colectiva?
Nosotros no hacemos eso, porque me parece mal. Es muy probable que en su momento haya sido una opción legítima, pero hoy no lo es. No es razonable que una empresa tenga 150 RUT. Sí defiendo la especialización. Por ejemplo, en la Papelera subcontratamos la venta de productos tissue, que es muy distinto a lo que se hace en el rubro forestal mismo. Que existan dos RUT distintos en eso me parece legítimo y normal, porque son empresas diferentes con giros distintos. Pero que dentro de la empresa forestal tenga un RUT por cada bosque me parece completamente ilegítimo.

Varios supermercados utilizan un RUT para un supermercado y otro para uno de la misma empresa que está a dos cuadras.
Eso no lo entiendo, no encuentro la explicación. No es correcto. Pero creo que este tema de los múltiples RUT se va a ir terminando.

A Lider le han pedido mil veces que termine con eso y no lo ha hecho.
Creo que lo van a ir terminando. No tengo nada que ver con Líder, pero imagino que van a cambiar ese sistema. Una vez le pregunté a una persona de Lider y me habló del origen, de que en Arica era distinto que en Punta Arenas. Pero no hay explicación de por qué un supermercado en Vitacura tenga un RUT distinto a otro de la misma cadena que está en Las Condes. Se van a tener que adaptar y eso tiene que ser rápido. El Gobierno ha dado señales claras de que no quiere esto.

La CIA, cerca de ser sólo cenizas

 Por Tomás Eloy Martínez

Si la Agencia muere derrotada por sistemas de computación que se cuelan en todas partes y son de una eficacia insuperable en la conspiración y el espionaje, pocos seres humanos van a lamentarlo. La excepción serán, sin duda, los 20 mil empleados que trabajan en la central de Langley, Virginia –y los desamparados libretistas de Hollywood–.